El nombre de Los Ardillos volvió a ocupar titulares tras los ataques armados y desplazamientos masivos de comunidades indígenas en la Montaña Baja de Guerrero. Aunque durante años han sido señalados por extorsión, asesinatos, secuestros, control territorial y presuntos vínculos políticos, el grupo criminal sigue operando en varias regiones del estado sin que exista un operativo federal permanente o una ofensiva contundente que logre desarticularlo.
El origen de Los Ardillos
La historia del grupo comenzó a inicios de los años 2000 en el municipio de Quechultenango, Guerrero. Su fundador fue Celso Ortega Rosas, conocido como La Ardilla, un expolicía rural que construyó una red criminal ligada inicialmente al cultivo de amapola y posteriormente al control territorial en distintas zonas del estado. Con el tiempo, el grupo fue vinculado con organizaciones como el extinto cártel de los Beltrán Leyva y posteriormente operó de manera independiente.
Tras el asesinato de Celso Ortega Rosas en 2011, sus hijos tomaron el control de la organización criminal. Entre los nombres más señalados aparece Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, identificado como uno de los principales líderes operativos. También figuran Jorge Iván Ortega Jiménez y Antonio Ortega Jiménez. Otro integrante de la familia, Bernardo Ortega Jiménez, fue alcalde y diputado local en Guerrero, lo que durante años alimentó sospechas y denuncias sobre posibles vínculos políticos y protección institucional, aunque judicialmente no se han comprobado responsabilidades directas.
Cómo construyeron su control territorial
El crecimiento de Los Ardillos no ocurrió de un día para otro. La organización aprovechó la geografía serrana y el abandono histórico de comunidades rurales para extender su influencia en regiones como Chilapa, Quechultenango, Tixtla, José Joaquín de Herrera y parte de la Montaña de Guerrero. Durante años, el grupo consolidó su poder mediante:
- Control del cultivo y tráfico de amapola.
- Cobro de piso a comerciantes y transportistas.
- Extorsión a autoridades municipales.
- Secuestros y desapariciones.
- Control del transporte público.
- Presiones electorales y presunta imposición de candidatos locales.
- Disputa por minas y recursos naturales.
Habitantes de distintas comunidades han denunciado que el miedo es parte de la vida cotidiana. Transportistas pagan cuotas para circular, comerciantes cierran temprano y familias enteras abandonan sus hogares por amenazas o ataques armados.
Comunidades indígenas bajo fuego
Uno de los sectores más golpeados ha sido el de las comunidades indígenas nahuas de la Montaña Baja. Organizaciones como el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) llevan años denunciando asesinatos, desapariciones y ataques armados atribuidos al grupo criminal.
La violencia escaló nuevamente en mayo de 2026, cuando cientos de familias huyeron de comunidades como Tula, Xicotlán y Alcozacán tras ataques con drones explosivos y armas de alto calibre. Reportes internacionales señalaron que entre 800 y mil familias fueron desplazadas. Videos difundidos en redes mostraron a mujeres, niños y adultos mayores refugiándose en iglesias mientras se escuchaban detonaciones y explosiones.
Incluso desde años atrás, el nivel de violencia provocó escenas extremas: niños indígenas armados integrándose a policías comunitarias para proteger sus pueblos ante la ausencia de seguridad gubernamental.
La guerra criminal en Guerrero
El avance de Los Ardillos también ha provocado enfrentamientos constantes con otros grupos criminales, principalmente Los Tlacos y células comunitarias armadas. Guerrero es considerado uno de los estados con mayor fragmentación criminal del país, con decenas de grupos disputando corredores de droga, extorsión y control político.
En distintas regiones, comunidades completas han quedado atrapadas entre disputas armadas, bloqueos y retenes ilegales. Los ataques no sólo afectan a integrantes de grupos rivales, sino también a civiles que viven en las zonas de conflicto.
¿Por qué no hay operativos contundentes?
La pregunta se repite desde hace años en Guerrero: ¿por qué Los Ardillos siguen operando pese a las denuncias constantes? Organizaciones indígenas, colectivos de derechos humanos y habitantes de la región han acusado omisiones, lentitud y respuestas insuficientes de autoridades municipales, estatales y federales.
Uno de los principales señalamientos es que, aunque existen bases militares, Guardia Nacional y presencia policiaca en varias zonas, los ataques continúan ocurriendo sin intervención inmediata. Comunidades afectadas incluso han denunciado presunta complicidad o tolerancia institucional hacia el grupo criminal.
El tema tomó mayor fuerza en 2023, cuando se difundieron imágenes de una reunión entre la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y Celso Ortega Jiménez, alias La Vela. El caso desató cuestionamientos sobre posibles nexos políticos y niveles de infiltración criminal en gobiernos locales.
A pesar de operativos temporales y despliegues militares anunciados en distintos momentos, las comunidades denuncian que no existe una estrategia sostenida para recuperar el territorio ni garantizar seguridad permanente.
El miedo sigue gobernando
Mientras continúan las denuncias, muchas comunidades de Guerrero viven bajo desplazamiento, amenazas y silencio obligado. Familias enteras abandonan sus casas, escuelas quedan vacías y caminos enteros son controlados por grupos armados.
La presencia de Los Ardillos no sólo representa una disputa criminal: para cientos de habitantes indígenas y rurales, significa vivir diariamente entre el miedo, la extorsión y la incertidumbre de no saber cuándo volverá el próximo ataque.
