Índice Global de Delincuencia Organizada 2025: Una Advertencia Silenciosa para México
En México, la publicación del Índice Global de Delincuencia Organizada 2025 por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) el pasado 10 de noviembre pasó prácticamente inadvertida, a pesar de sus alarmantes revelaciones. Este proyecto, elaborado a partir de más de 350 evaluaciones y análisis realizados por especialistas, incluyendo aportes de observatorios regionales de la GI-TOC, abarca a los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, cubriendo prácticamente todo el planeta. El informe evalúa tanto los niveles de criminalidad organizada como la resiliencia estatal en cada país, ofreciendo una visión global sin precedentes.
Actores Criminales Vinculados al Estado: El Principal Obstáculo
La conclusión más grave de esta investigación monumental es contundente: los actores criminales vinculados al Estado constituyen el principal factor que debilita la capacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen organizado. Su presencia no solo incrementa directamente la criminalidad mediante corrupción, protección de redes ilícitas y colusión, sino que además erosiona las instituciones encargadas de combatirla, generando un círculo vicioso de criminalidad e impunidad. El informe identifica a estos actores —funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y otros agentes que explotan su acceso al poder para facilitar o proteger actividades ilícitas— como el tipo de actor criminal más prevalente y dañino a escala global.
El Índice muestra una fuerte correlación negativa entre la presencia de estos actores y la capacidad de los países para responder eficazmente al crimen organizado, es decir, su resiliencia. En términos simples: cuanto mayor es el entrelazamiento entre actores estatales y redes criminales, más débiles resultan las instituciones públicas para contener el delito, lo que se traduce en sistemas de justicia menos eficaces, mayores niveles de corrupción y menores controles internos y externos.
Impacto Estructural y Expansión Criminal
Más allá de su impacto cuantitativo en los índices de criminalidad, el reporte describe a estos actores como un obstáculo estructural para la implementación de reformas y políticas públicas efectivas. Su influencia puede bloquear, distorsionar o capturar procesos orientados a fortalecer el Estado de derecho y la cooperación nacional e internacional, socavando los esfuerzos para combatir el crimen organizado de manera sostenible.
Si bien el estudio también destaca el crecimiento de actores criminales extranjeros y del sector privado en actividades ilícitas —por ejemplo, en los ámbitos logístico, financiero o tecnológico—, subraya que esta expansión no sustituye el papel de los actores estatales incrustados, sino que se suma a él. La interacción entre ambos tiende a profundizar y sofisticar las operaciones criminales transnacionales, haciéndolas cada vez más complejas y resistentes frente a los mecanismos tradicionales de aplicación de la ley.
México en el Tercer Lugar Mundial
En este contexto, el Índice ubica a México en el tercer lugar entre los países más afectados del mundo por la criminalidad organizada. Más aún, en la subcategoría de mercados criminales, lo coloca como el país con mayor afectación a nivel global, lo que subraya la gravedad de la situación en el territorio nacional.
Si la depredación de la delincuencia organizada es un incendio y el Estado debería ser el bombero encargado de extinguirlo, el problema es mayúsculo cuando muchas veces de las mangueras no sale agua, sino gasolina. Lo ocurrido en Tequila no es un hecho aislado: es apenas un síntoma local de una crisis de dimensiones planetarias, donde la corrupción estatal alimenta directamente las llamas del crimen transnacional.
