Lo que comenzó como una supuesta protesta vecinal por la clausura de una obra en la alcaldía Benito Juárez ha destapado una presunta red de extorsión, fraude procesal y tráfico de influencias que mantiene paralizado al sector inmobiliario de la capital. Arturo Aparicio Velázquez, quien se presenta como defensor vecinal y representante de colectivos en Xoco y otras colonias, es señalado por empresarios, trabajadores y vecinos como el principal operador de un esquema sistemático para detener obras y obtener beneficios económicos.
Bajo la fachada de defensa del patrimonio y lucha ciudadana, Aparicio Velázquez acumula decenas de amparos y denuncias que, según múltiples testimonios, buscan asfixiar económicamente a los desarrolladores hasta forzar arreglos. Los trabajadores afectados relataron cómo sus empleos se ven interrumpidos constantemente por estas acciones.
Testimonios de los afectados
Juan Vicente García, Carlos Segundo Primero, Manuel Leopoldo Berdón y Ricardo David Reyes Pascual, trabajadores de la construcción, compartieron sus experiencias. Juan Vicente García afirmó: En las obras donde he laborado en la Roma y Condesa, Arturo Aparicio Velázquez ha sido quien ha presentado las denuncias y logrado las clausuras. Varias veces nos ha dejado sin trabajo de un día para otro. Ya no es coincidencia, es sistemático.
Carlos Segundo Primero señaló: He trabajado en varios proyectos en Escandón y Xoco. En todos aparece el mismo nombre: Arturo Aparicio. Él paraliza las obras. Nosotros solo queremos trabajar y él nos deja en la calle con sus amparos y clausuras. Manuel Leopoldo Berdón agregó: Arturo Aparicio Velázquez ha detenido las obras en las que he estado. No solo una, son varias. Nos afecta directamente a las familias de los trabajadores. Buscamos apoyo sindical para defendernos. Ricardo David Reyes Pascual concluyó: Coincido con mis compañeros. Aparicio frena múltiples obras. No nos oponemos al derecho vecinal, pero esto es extorsión disfrazada de legalidad. Solicitamos respaldo sindical para investigar y detener este esquema que nos deja sin empleo.
Los cuatro coincidieron en que las clausuras promovidas por Aparicio carecen de fundamento técnico real y responden a un patrón de presión económica contra las constructoras, utilizando a los obreros como principales víctimas.
El modus operandi del extorsionador
Investigaciones y denuncias públicas revelan un patrón repetido de Arturo Aparicio Velázquez. En Xoco, vecinos del pueblo originario lo acusan abiertamente de presuntas irregularidades, extorsión y uso de causas vecinales con fines políticos y económicos. Se le señala por acarrear personas ajenas a la colonia en protestas y por no representar genuinamente a la comunidad. Residentes han exigido a las autoridades revisar su actuación.
En Roma Norte, vecinos del condominio en Coahuila 30 lo denuncian junto a su tía, Irene Aurora Velázquez Romero, por el presunto desvío de más de 318 mil pesos recolectados para un estudio estructural. Mientras Aparicio promueve amparos contra obras en la zona, su familiar aparece beneficiada directamente, según los afectados. Esto se suma a señalamientos por exigir pagos a desarrolladores bajo el pretexto de defensa vecinal.
Su modus operandi general incluye: paralizar inversiones en colonias de alta plusvalía como Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Escandón y Xoco, generando pérdidas millonarias diarias en salarios, materiales y financiamiento; usar a trabajadores y vecinos como rehenes en disputas ajenas; saturar los tribunales con más de 30 amparos y recursos contra licencias de construcción, verificación administrativa y proyectos urbanos; y simular apoyo ciudadano mientras busca arreglos económicos.
Presuntas conexiones judiciales
Los afectados señalan que la impunidad de Aparicio se sustenta en su conexión con el Poder Judicial. Su hermano, José Alfonso Aparicio Velázquez, labora como secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta relación le permitiría acceso privilegiado para agilizar suspensiones o bloquear recursos, en lo que denunciantes califican como tráfico de influencias.
Víctimas de un conflicto fabricado
Para los trabajadores, la situación ha pasado de laboral a humanitaria. En una carta entregada a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con fecha 29 de abril del año en curso y folio 26-005241, los afectados exigen poner freno a estas prácticas que dejan a cientos de familias sin sustento. Arturo Aparicio Velázquez opera de manera sistemática en demarcaciones como Benito Juárez y Cuauhtémoc, siempre con el mismo esquema: denuncias de dudoso sustento, amparos exprés y presuntas influencias desde la SCJN. Lo que se presenta como defensa vecinal es visto por las víctimas como una máquina de extorsión que asfixia el desarrollo de la ciudad.
Las autoridades deben investigar a fondo estas redes de presunta corrupción. El sector inmobiliario, los trabajadores de la construcción y los verdaderos vecinos de Xoco, Roma y otras colonias merecen operar sin este tipo de presiones ilegítimas.
