La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ha recibido una denuncia formal contra la Patrulla Espiritual, un centro de atención contra las adicciones ubicado en Tijuana, por presuntos actos de violencia y maltrato hacia una persona de la comunidad trans. La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó la noticia el miércoles 13 de mayo durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Detalles de la denuncia
El Comité de Colectivas y Colectivos LGBTTTIQA+ presentó la denuncia pública luego de que se difundiera en redes sociales un video que muestra la detención de la víctima, identificada como Karim Emanuel. Según el comité, los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo en Tijuana, donde la víctima fue privada ilegalmente de su libertad y trasladada contra su voluntad a un centro de "supuesta rehabilitación".
"Acorde con los videos y testimonios difundidos públicamente, durante este proceso la víctima fue sometida a actos de violencia y humillación dirigidos específicamente contra su identidad y expresión de género", detalló el comité. En las imágenes se observa a la mujer visiblemente asustada, solicitando ser liberada y manifestando su negativa rotunda a ser trasladada.
Violencia de género y simbólica
Los activistas señalaron que el personal del centro ignoró las súplicas de la víctima y procedió a vulnerar su dignidad humana. "Los intentos de imponerle vestimenta masculina y cortar su cabello no son solo actos de fuerza, sino que constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos crueles y degradantes motivados por el prejuicio", afirmaron.
El comité remarcó que estos actos representan un claro intento de "Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig)", conducta tipificada como delito en el Código Penal de Baja California bajo el capítulo de delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad. "Manifestándose en este caso en grado de tentativa y mediante el uso de violencia física y moral", subrayaron, además de representar una grave violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, específicamente en el Artículo 1º, que prohíbe toda discriminación por preferencia sexual o identidad de género.
Reacción de las autoridades
La fiscal general confirmó que existe una denuncia formal contra la Patrulla Espiritual. "Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte en investigación", dijo, y adelantó que se solicitará información sobre la revisión del centro.
Como parte de las medidas, las autoridades estatales anunciaron que se reforzarán los protocolos de actuación en los establecimientos especializados en el tratamiento de adicciones. Belinda Rodríguez Moreno, titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG), reconoció la labor de las organizaciones civiles que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, pero enfatizó que los procesos deben salvaguardar la dignidad con perspectiva de derechos humanos y sin discriminación.
El secretario Adrián Medina Amarillas agregó que han tenido reuniones con los dueños de estos lugares y realizan visitas para garantizar el cumplimiento de las normas. "La mayoría cumplen. Están en la mejor disposición de apegarse a la normatividad para poder reinsertar estas personas a la sociedad", afirmó, y señaló que hay casi 350 centros oficiales en la región.
Intervención de la CEDHBC
Jorge Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), indicó que abrieron un expediente de oficio y emitieron medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de la mujer trans que está en el centro. "Con la finalidad de ver en qué parte está, cómo está siendo tratada, si está bien físicamente", citó, y mencionó que un visitador ya habló con la víctima, quien refirió que "está siendo respetada".
Ochoa aclaró que el hecho de que una persona esté afectada por el consumo de sustancias no suspende sus derechos humanos, como el derecho al libre tránsito y a la integridad física.
