En el inicio de 2019 se habló en el Congreso de los encargos que el mandatario había hecho a legisladores de probada capacidad para establecer acuerdos de pacificación con líderes de organizaciones delincuenciales. Vivíamos ante la expectativa de un proceso de pacificación en el que comunidades enganchadas en actividades ilícitas tendrían salidas dignas, de justicia transicional e incluso amnistía. Pero aquella oferta gubernamental de afrontar la violencia criminal cerrándole el paso a su infiltración en las instituciones se tornó en una caricatura bajo la consigna de abrazos, no balazos. El giro se confirmó con el llamado culiacanazo del 17 de octubre de 2019, cuando el presidente López Obrador asumió haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo.
La trivialización de la violencia
Cuenta la senadora Lilly Téllez, en ese momento aún en Morena, el azoro y la angustia con la que observaba la trivialización con que la bancada oficialista trataba el hecho. Producto de siete años de normalización del poder de Los Chapitos en Sinaloa, este miércoles, las proyecciones del partido gobernante transcurrían en Sinaloa como si la solicitud de extradición del Departamento de Estado no existiera. “Si ellos deciden (participar) y cubren los requisitos de la convocatoria, no serán descartados”, sostuvo el dirigente de Morena en esa entidad, Edgar Barraza Castillo, en alusión a dos de la lista de los extraditables: el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza Cázares.
La postura de la presidenta Sheinbaum
Seguramente, como todos los militantes activos del logo guinda, el líder sinaloense de los morenistas había escuchado esa mañana del 13 de mayo a la presidenta Claudia Sheinbaum declarar que ni su gobierno ni la Fiscalía General de la República (FGR) habían detectado alguna conducta ilícita de Rubén Rocha en las elecciones de 2021, como tampoco en la captura de Ismael El Mayo Zambada. “No hay ninguna investigación contra el gobernador”, sostuvo la mandataria.
Ese mismo miércoles, en la Comisión Permanente, la senadora Lilly Téllez, quien en 2020 saltó a las filas del PAN, recriminó: “Es de llamar la atención que para Morena la soberanía radica en los cárteles y en los narcopolíticos”. Y es que, ante una estrategia presidencial centrada en el reclamo de pruebas a Estados Unidos, los legisladores de Morena optaron por advertir que harán juicio político a la gobernadora del PAN en Chihuahua, Maru Campos, por traición a la patria, en referencia a los agentes de la CIA que operaban en la entidad.
El debate en el Congreso
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), reviró: “¿Por qué defienden tanto a los cárteles? ¿Por qué se enojan tanto que una gobernadora haga su trabajo y desmantele un narcolaboratorio? ¿Saben por qué ya no piensan en los mexicanos? Porque piensan como narcolegisladores, como narcopolíticos”. Aunque se pronuncia a favor de la extradición, Acción Nacional ha presentado solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalando las conductas penales, violaciones a siete artículos de la Constitución y leyes como la de Responsabilidad Administrativa y Seguridad Nacional, por las que debería ser juzgado.
Movimiento Ciudadano rechaza la extradición y en voz del diputado Gibrán Ramírez, reiteró la exigencia que viene planteando desde 2024: “Una investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén sin encubrir a nadie, ni (al senador Enrique) Inzunza ni a Rocha”. Los tímidos anuncios de la FGR sobre ese expediente estarían abriendo la posibilidad de que el gobernador se quede en México, indagado sólo en ese caso, evadiendo las acusaciones estadounidenses de que existía una red de protección a Los Chapitos con el gabinete sinaloense, surgida de las elecciones de 2021 en la que el narco se encargó de secuestrar por unas horas a los representantes de la oposición.
Llamado a la responsabilidad
“Deben de dejar de actuar como armys de Rocha Moya. Si nosotros seguimos en las evasivas de que no hay pruebas contra Rocha Moya ni contra todos los funcionarios señalados, lo único que estamos haciendo es darle pretextos a Estados Unidos para que tome cartas en el asunto. Y ésa es absolutamente nuestra responsabilidad”, pidió el senador Clemente Castañeda (MC).
Y a juzgar por la reseña que la presidenta Sheinbaum hizo de su llamada “cordial y excelente” este viernes con Donald Trump, en la que “reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, el reclamo de las pruebas se queda en las conferencias mañaneras. Porque acreditando las palabras de la mandataria, dos horas después, el Gabinete de Seguridad informó que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ya estaba en Estados Unidos, bajo custodia de sus autoridades. Al mismo tiempo, se difundió la versión extraoficial de que Enrique Díaz Vega, secretario de Finanzas de Rocha, también estaba por entregarse a las autoridades de EU, luego de ser detenido en Europa.
La oportunidad de desmontar la red
El vuelco de los acontecimientos coloca a la Presidenta ante la oportunidad de retomar una de las promesas incumplidas de su antecesor: desmontar la red de protección política al crimen organizado.
