Empresa pedrera retoma operaciones y emprende acción legal contra gobierno estatal
La empresa Materiales Triturados Martínez, conocida como Matrimar, anunció oficialmente la reapertura de sus instalaciones productivas tras obtener una orden judicial favorable, poniendo fin a tres meses de cierre forzado. Paralelamente, la compañía reveló que ha presentado una denuncia penal formal por presuntos actos de extorsión en contra de diversas autoridades del estado de Nuevo León.
Reapertura judicial y acusaciones de extorsión
En un comunicado oficial difundido este miércoles, la empresa detalló que la reanudación de sus actividades se logró "a través de las autoridades judiciales en el Estado, haciendo valer el marco legal y sin intermediación alguna de la clase política estatal". Este desarrollo representa un giro significativo en el prolongado conflicto que mantiene con el gobierno encabezado por el gobernador Samuel García.
La acción penal interpuesta por Matrimar se fundamenta en lo que la empresa describe como "un expediente con evidencias que confirman el proceder ilegal de distintas autoridades de la clase política estatal". La compañía sostiene que estas acciones constituyen un claro caso de extorsión institucional.
Impacto laboral y defensa de empleos
La empresa enfatizó que el litigio trasciende lo meramente comercial, afectando directamente a su plantilla laboral y a las comunidades donde desarrolla sus operaciones. "Nuestra defensa jurídica va mucho más allá de un asunto comercial. Es, ante todo, una defensa a nuestra fuerza laboral... de preservar el arraigo de nuestros 500 colaboradores a sus comunidades", señaló el comunicado.
Matrimar argumentó que los recursos legales promovidos buscan específicamente "proteger el ingreso de cientos de familias y evitar... que el actuar ilegal de políticos les obligue a migrar por falta de empleo". La empresa destacó su compromiso con el desarrollo regional y la estabilidad económica de las zonas donde opera.
Rechazo a señalamientos y desvío de atención
La compañía rechazó categóricamente las acusaciones públicas sobre presuntos adeudos fiscales o irregularidades ambientales, calificándolas como intentos de desviar la atención del conflicto central. "Las falsedades expresadas públicamente... en el sentido que Matrimar opera en el área natural protegida o que debe impuestos, solo ratifican los intentos de desviar la atención sobre los actos de extorsión", afirmó la empresa.
Matrimar insistió en que todas sus operaciones se encuentran dentro del estricto marco legal aplicable y que enfrenta lo que califica como "acoso institucional" por parte de las autoridades estatales.
Contexto del conflicto y posturas enfrentadas
El posicionamiento de la empresa se produce en medio de una disputa prolongada con el Gobierno de Nuevo León relacionada con el cobro de contribuciones ambientales y las clausuras aplicadas en meses recientes. Mientras la administración estatal ha negado rotundamente la existencia de cualquier acto de extorsión, argumentando que sus acciones responden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales, el gobernador Samuel García ha cuestionado públicamente las resoluciones judiciales favorables a la empresa.
García llegó a afirmar que el amparo obtenido por Matrimar "para mí no vale", insistiendo en que el caso continúa en litigio por presuntos adeudos pendientes. Esta postura contrasta marcadamente con la posición de la empresa, que mantiene su inocencia en todos los cargos presentados en su contra.
Compromiso de continuar la defensa legal
En sus declaraciones finales, Matrimar reafirmó su determinación de continuar con la defensa de sus intereses y los de sus trabajadores. "Mantendremos la defensa del empleo y el desarrollo regional. Lo haremos en tribunales, ante la opinión pública y ante cualquier instancia administrativa necesaria", concluyó el comunicado.
Este caso se desarrolla en un contexto de creciente preocupación entre diversos actores del sector productivo regional respecto a la certeza jurídica en la entidad, particularmente relevante a pocos meses de que Nuevo León sea una de las sedes del Mundial de la FIFA 2026. La resolución de este conflicto podría establecer precedentes importantes para las relaciones entre el sector empresarial y las autoridades estatales en materia regulatoria y de aplicación de la ley.
