Mototaxistas en Juchitán retienen a empleados de tienda de motocicletas en extorsión
En un grave incidente de inseguridad, mototaxistas agremiados al Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), vinculado al senador morenista Antonino Morales, mantienen secuestrados a tres empleados de la empresa Dínamo Motocicletas Avanzadas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Los manifestantes exigen 55 mil pesos para liberar a los retenidos y han amenazado con quemarlos si no se cumple su demanda.
Detalles del secuestro y extorsión
La apoderada legal de Dínamo Motocicletas Avanzadas informó que desde las 10:00 horas del miércoles 15 de abril, mototaxistas del sitio Ignacio Zaragoza, afiliados al FUCO, retienen al responsable legal, a la coordinadora administrativa y a un mecánico en el punto de venta ubicado en la Avenida 16 de Septiembre, en el centro de Juchitán. A pesar de múltiples llamadas de auxilio al 911, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, las autoridades no han intervenido, alegando que están en pláticas o que solo actuarán en caso de una "crisis de salud".
El origen del conflicto se remonta a un crédito solicitado por Luis Gustavo Arteaga Santiago para adquirir una motocicleta. Arteaga, quien admitió infidelidad conyugal, pidió que no se notificara a su esposa sobre el crédito. Al atrasarse en los pagos, un gestor de la empresa acudió a su domicilio a cobrar, lo que provocó la ira del cliente. En respuesta, Arteaga obtuvo un crédito de 55 mil pesos en Coppel para saldar la deuda, pero ahora exige a Dínamo que le reembolse esa cantidad más intereses, argumentando extorsión.
Falta de acción gubernamental y amenazas
La empresa ya entregó la factura del mototaxi en disputa y resolvió el problema original, pero los mototaxistas insisten en recibir 55 mil pesos, amenazando con quemar a los empleados si no se les paga. Onésimo Arteaga, líder del gremio, ha sido señalado de hacer estas amenazas. Los retenidos han expresado desesperación, con la coordinadora sufriendo una crisis nerviosa y el gerente con antecedentes de embolia, mientras relatan: "Tengo mucho calor, tengo hambre, no me dejan salir. Ya me quiero ir, ya estoy muy nerviosa."
La apoderada legal denunció que las autoridades, aunque han acudido al lugar, no toman medidas, aceptando las explicaciones de los manifestantes de que están en diálogos. Esto ha llevado a la empresa a considerar retirar sus inversiones y puntos de venta de Oaxaca debido a la inseguridad y el abandono gubernamental en casos de extorsión.
Contraste con discursos oficiales
Mientras esto ocurría, el gobernador Salomón Jara Cruz presentaba el "Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza", afirmando que "la lucha contra la delincuencia será frontal" y que se actuará sin tolerancia ni impunidad. Este discurso contrasta marcadamente con la inacción reportada en el incidente, generando críticas sobre la efectividad de las políticas de seguridad en la región.
La empresa ha alertado que su departamento jurídico a nivel nacional está al tanto de los hechos, y es probable que el punto de venta en Juchitán cierre, con posibilidad de abandonar el estado por completo. Este caso subraya los desafíos de seguridad y extorsión que enfrentan las empresas en Oaxaca, exacerbados por la falta de respuesta de las autoridades.
