Con el voto unánime de 827 legisladores locales, los Congresos de 24 entidades federativas del país avalaron la nueva facultad del Congreso de la Unión para crear la primera Ley General contra el Feminicidio, a fin de establecer en el orden jurídico nacional que ese delito no prescribe y tendrá agravantes que impidan su impunidad.
Próximos pasos legislativos
Esta misma semana, la Cámara de Diputados y el Senado harán la declaratoria de validez, sentando las bases para la construcción de la ley. Sin embargo, su discusión deberá esperar hasta el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, a menos que el oficialismo modifique su decisión de no convocar a un periodo extraordinario antes.
Votación en los congresos estatales
De acuerdo con el seguimiento de las sesiones de los Congresos estatales, la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión en materia de feminicidios se aprobó de la siguiente manera: en Tabasco, voto unánime de 33 legisladores; en Tamaulipas, 30 diputados; en Chiapas, 37 diputados presentes; en Sinaloa, 33 diputados. En Oaxaca, la unanimidad fue de 41 legisladores; en Ciudad de México, 50; en Sonora, se aprobó a mano alzada con 23 legisladores; en Aguascalientes, también unánime con 20 presentes. En Nayarit fueron 30; en Michoacán, 32; en Quintana Roo, 21; en Yucatán, 34; en Estado de México, 75; en Morelos, 16; en Guerrero, 38; en Durango, 24; en Colima, 21; en San Luis Potosí, 25; en Tlaxcala, 21; en Zacatecas, 23; en Puebla, 37; en Hidalgo, 25; en Baja California, 23; en Guanajuato, 33; en Veracruz, 42; en Baja California Sur, 13; y en Campeche, 27 votos unánimes.
Lineamientos de la nueva ley
De acuerdo con la iniciativa presidencial, esta reforma es el primer paso jurídico para crear la ley general que combata ese delito, que no prescribirá ni tendrá atenuantes ni beneficio de ley para el culpable. En la exposición de motivos se adelantan los lineamientos de la nueva Ley General: establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños; y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
Además, la legislación general incluirá la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, quienes enfrentan afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos.
