Abuela Carlota obtiene libertad condicional tras enfrentamiento en Chalco
Carlota Alfaro Quintana, ampliamente conocida en los medios como la 'Abuela Sicaria', recibió una resolución judicial que le permitirá continuar su proceso legal por el delito de homicidio calificado desde la comodidad de su propio domicilio. Esta decisión se produjo después de que su defensa presentara un recurso de amparo, argumentando que su condición de mujer mayor de 72 años y con problemas de salud constituía una violación a sus garantías individuales.
Audiencia clave en los juzgados de Chalco
En una audiencia que se extendió por aproximadamente una hora en los juzgados de Chalco, Estado de México, el juez a cargo estableció una serie de requisitos específicos para autorizar la modificación de la medida cautelar. Arturo Santana Alfaro, hijo de la acusada, expresó su alivio al confirmar que su madre cumplirá la prisión en casa, en cumplimiento de la sentencia de amparo obtenida por sus abogados.
Los términos impuestos por la autoridad judicial incluyen:
- Una garantía económica de 250 mil pesos para asegurar su asistencia a todas las audiencias.
- La instalación obligatoria de un dispositivo electrónico de monitoreo.
- La prohibición expresa de abandonar su domicilio, salvo en casos autorizados.
- Visitas frecuentes por parte de autoridades penitenciarias para verificar su cumplimiento.
- La restricción de acercarse a un menor que fue considerado víctima en los hechos, donde dos hombres perdieron la vida y otro menor resultó lesionado.
Contexto del caso y próximos pasos
El caso de Carlota Alfaro Quintana ha captado la atención nacional debido a su edad avanzada y las circunstancias que rodearon el incidente, donde disparó contra presuntos invasores de propiedad. Se estima que, en un plazo de tres días, la acusada alcanzará formalmente su libertad bajo estas condiciones, marcando un precedente en la aplicación de medidas alternativas para adultos mayores en procesos penales.
Este desarrollo judicial subraya las complejidades en el sistema de justicia mexicano, especialmente en casos que involucran a personas de la tercera edad con condiciones de salud delicadas. Las autoridades han enfatizado que la decisión busca equilibrar la necesidad de justicia con el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales.
