Comunidad de Arantepacua se declara en máxima alerta para vigilar detención de exgobernador
La comunidad indígena de Arantepacua, ubicada en el estado de Michoacán, se declaró este domingo en máxima alerta para monitorear y asegurar que las órdenes de aprehensión emitidas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y quince exfuncionarios de su administración sean ejecutadas de manera efectiva por las autoridades correspondientes.
Órdenes judiciales por represión de 2017
El pasado viernes, un juez de control emitió las órdenes de detención contra Aureoles Conejo, su entonces secretario de seguridad Juan Bernardo Corona Martínez y doce policías estatales más. Los cargos incluyen:
- Homicidio calificado
- Abuso de autoridad
- Tortura
Estos delitos están directamente relacionados con los hechos de represión ocurridos en Arantepacua el 5 de abril de 2017, cuando fuerzas estatales intervinieron violentamente contra la comunidad.
Llamado urgente a las autoridades
Las autoridades comunitarias de Arantepacua hicieron un llamado urgente y contundente a todas las instancias gubernamentales responsables, exigiendo que:
- Ejecuten con diligencia y prontitud las órdenes de aprehensión
- Garanticen que todos los responsables sean detenidos y presentados ante la justicia
- Eviten cualquier intento de obstrucción o dilación en el proceso
"Estas órdenes de aprehensión son resultado directo de nuestra lucha sostenida para romper un entramado de encubrimiento, dilación y obstrucción institucional que durante años intentó impedir la justicia", declararon representantes de la comunidad.
Años de lucha contra la impunidad
Los habitantes de Arantepacua destacaron que durante casi una década han mantenido un proceso organizativo, político y jurídico exhaustivo que incluyó:
- Compilación de cientos de pruebas documentales y testimoniales
- Movilizaciones constantes en Michoacán y la Ciudad de México
- Fortalecimiento del tejido comunitario para sostener la exigencia de justicia
- Enfrentamiento a la negativa sistemática de las autoridades para investigar
Denunciaron específicamente que la Fiscalía del Estado de Michoacán, encabezada durante años por Adrián López Solís, operó como "un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia", retrasando diligencias clave, desviando líneas de investigación y presionando a las víctimas para que desistieran de sus demandas.
Un avance judicial histórico
A pesar de la represión constante y los intentos de desarticular la organización comunitaria, los habitantes de Arantepacua no se replegaron y lograron lo que consideran un avance judicial histórico.
"Aunque las órdenes de aprehensión no son justicia en sí mismas, representan apenas el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar que está dispuesto a romper con la impunidad que él mismo construyó", señalaron los representantes comunitarios.
Exigencias específicas y ampliación del proceso
Frente a la gravedad de los hechos, la comunidad instó a las autoridades de justicia a:
- Hacer efectiva la detención de Silvano Aureoles Conejo, "quien dio la orden de cometer la masacre"
- Detener a los otros quince exservidores públicos involucrados
- Buscar exhaustivamente a otros políticos y funcionarios que participaron en los hechos
- Garantizar que todos sean llevados ante la justicia para enfrentar los cargos correspondientes
La declaración de máxima alerta en Arantepacua representa un mecanismo de vigilancia comunitaria para asegurar que este proceso judicial no sea nuevamente obstruido por intereses políticos o institucionales, marcando un punto de inflexión en la larga lucha por justicia de esta comunidad michoacana.
