Familia de maestra asesinada en Michoacán clama por justicia integral
Entre el dolor y la indignación, familiares y amigos despidieron a María del Rosario, una de las dos maestras que fueron brutalmente asesinadas en la preparatoria particular Antón Makárenko de Michoacán. El trágico suceso ocurrió la mañana del martes cuando un estudiante de apenas 15 años perpetró el ataque que conmocionó a toda la comunidad educativa.
"Estamos devastados": El desgarrador testimonio del esposo
Francisco Delgado Madrigal, esposo de la docente fallecida, expresó con voz entrecortada: "La verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos. El que ocasionó el atentado es un menor de edad pero ahora sí que tiene que haber autoridades que, aunque sea menor de edad, vengan y determinen ellos qué tiene que haber porque justicia es lo que quiero".
Visiblemente afectado por la pérdida, Delgado Madrigal describió a su esposa como una "trabajadora excepcional, muy querida por todo el plantel", destacando que su partida deja un vacío irreparable tanto en el ámbito profesional como en el familiar.
Una profesional dedicada y una familia destrozada
María del Rosario, originaria de Arteaga, Michoacán, era reconocida por su dedicación absoluta a la enseñanza. Su esposo recordó con emoción su compromiso educativo y subrayó que el responsable del asesinato no sólo destrozó a una familia, sino que también dejó a una hija sin madre.
"Soy padre de familia, yo educo bien a mis hijas, pero en este mundo tan cambiante", reflexionó el doliente esposo, haciendo alusión a los desafíos que enfrentan las familias en la sociedad contemporánea.
La comunidad educativa se une al clamor de justicia
La comunidad educativa de la preparatoria Antón Makárenko y los allegados a la coordinadora académica asesinada se han unido en un solo clamor: exigen que se aplique todo el peso de la ley por este doble homicidio que ha sembrado el terror en las instituciones educativas de la región.
Los familiares insisten en que, a pesar de que el presunto agresor es menor de edad, las autoridades deben garantizar un proceso judicial transparente y ejemplar que sirva como precedente para prevenir futuras tragedias.
Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate público la seguridad en las escuelas y la necesidad de mecanismos de prevención más efectivos, especialmente en contextos donde la violencia parece infiltrarse incluso en los espacios destinados a la formación y protección de los jóvenes.
