El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro Campos, declaró que se encuentra bajo investigación y que, por lo tanto, no puede hacer declaraciones sobre el caso en su contra. En una breve entrevista, Campos afirmó: “Estoy bajo investigación, no puedo decir nada”.
Contexto de la investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una indagatoria abierta contra el exfuncionario por su presunta vinculación con el crimen organizado. Campos fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y ha sido señalado en múltiples ocasiones por su posible colaboración con grupos delictivos.
Reacciones y versiones
Hasta el momento, ni la FGR ni el equipo legal de Campos han emitido un comunicado oficial detallando los cargos específicos. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indican que se estarían analizando transferencias bancarias y comunicaciones que vincularían al exsecretario con actividades ilícitas.
- La defensa de Campos ha solicitado acceso a las pruebas en su contra.
- Organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en el proceso.
- El caso ha generado expectación en el ámbito político nacional.
Antecedentes de Genaro Campos
Genaro Campos fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, periodo en el que se implementó la estrategia de combate al narcotráfico que derivó en un aumento de la violencia en varias regiones del país. Tras su salida del cargo, ha enfrentado diversas acusaciones, aunque ninguna había llegado a una investigación formal hasta ahora.
La noticia de su silencio ante los medios ha sido interpretada por algunos analistas como una estrategia legal para evitar declaraciones que puedan ser utilizadas en su contra. Otros, en cambio, consideran que su negativa a hablar refleja la gravedad de las acusaciones.
Próximos pasos legales
Se espera que en los próximos días la FGR cite a declarar a Campos de manera formal. Su equipo legal ha adelantado que colaborará con las autoridades, pero sin emitir declaraciones públicas hasta que se aclare su situación jurídica.
El caso ha reavivado el debate sobre la impunidad y la lucha contra la corrupción en México, especialmente en lo que respecta a altos funcionarios del gobierno anterior. La sociedad civil y diversos sectores políticos han exigido que la investigación se realice con total transparencia y sin sesgos.
