Gobernador de Michoacán impulsa reforma para juzgar a menores en casos graves
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión con el objetivo de reformar el sistema de justicia penal en México, enfocándose específicamente en el tratamiento de menores de edad que incurren en delitos de alta violencia. Este planteamiento surge como respuesta al caso ocurrido en Lázaro Cárdenas, donde un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras, un hecho que, según el mandatario, revela vacíos significativos en el marco legal vigente.
Detalles de la propuesta de reforma penal
Ramírez Bedolla subrayó que la propuesta busca abrir un debate a nivel nacional para permitir que, en circunstancias específicas, adolescentes que actúen con premeditación, ventaja y plena conciencia de sus actos puedan enfrentar procesos judiciales bajo criterios similares a los de un adulto. El titular del Ejecutivo estatal consideró que este tipo de conductas deben clasificarse como delitos de alto impacto, lo que implicaría sanciones más severas y acordes con la gravedad de los hechos.
Enfatizó que la intención central es garantizar justicia para las víctimas y evitar que crímenes de esta naturaleza queden bajo esquemas que calificó como limitados. Asimismo, adelantó que la iniciativa será presentada ante el Congreso de la Unión debido a que cualquier modificación en esta materia corresponde al ámbito federal, requiriendo así una coordinación nacional para su implementación.
Contexto y críticas a la reforma propuesta
El gobernador también señaló que esta discusión va más allá del caso reciente, al advertir que grupos delictivos suelen aprovechar la condición legal de los menores para involucrarlos en actividades ilícitas, lo que agrava los problemas de seguridad en la región. Sin embargo, este enfoque ha generado reacciones críticas desde el ámbito académico.
Tras el asesinato de las dos maestras en Michoacán, el debate nacional se reactivó sobre si menores de edad que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos. La Universidad Iberoamericana, por ejemplo, advirtió que el enfoque no debería centrarse en endurecer castigos, sino en transformar el sistema de justicia para hacerlo adecuado a niñas, niños y adolescentes.
Desde el Departamento de Derecho, la institución retomó una propuesta impulsada en 2024, en la que plantea que juzgar a menores bajo criterios diseñados para personas adultas no sólo es ineficaz, sino injusto, al ignorar que se trata de personas en desarrollo emocional, cognitivo y físico. Esta perspectiva contrasta con la visión del gobernador, quien insiste en la necesidad de ajustes legales para abordar casos extremos de violencia.
La discusión continúa en el ámbito político, con la presidenta Claudia Sheinbaum planteando abrir el análisis público sobre este tema, lo que sugiere que el debate podría extenderse y profundizarse en los próximos meses, afectando las políticas de justicia y seguridad a nivel nacional.
