Condena histórica en Brasil por crimen que conmocionó al país
La Corte Suprema de Brasil dictó este miércoles una sentencia histórica al condenar a 76 años de prisión a dos exparlamentarios identificados como los autores intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Este caso emblemático ha expuesto durante años los profundos vínculos entre la clase política y las organizaciones criminales en Río de Janeiro.
Los detalles del crimen que sacudió a Brasil
Marielle Franco, una concejala, activista negra y lesbiana de 38 años, fue acribillada junto a su chofer el 14 de marzo de 2018 mientras viajaba en automóvil por el centro de Río de Janeiro. El ataque fue ejecutado por un expolicía utilizando una ametralladora, en lo que la Corte ha determinado fue un crimen de represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias.
Según los magistrados, los hermanos Chiquinho Brazão (62 años, exdiputado federal) y Domingos Brazão (60 años, exlegislador de Río) ordenaron el asesinato para enviar un "recado" a la clase política que se oponía a los intereses de estos grupos criminales. "No solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia", afirmó el magistrado Alexandre de Moraes durante el juicio.
El contexto político y social del crimen
Desde su posición en el Concejo Municipal, Marielle Franco se había convertido en una voz incansable contra la expansión de urbanizaciones ilegales en barrios pobres, una de las principales fuentes de ingresos para las milicias que controlan amplias zonas de Río de Janeiro. Estas organizaciones, formadas originalmente hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, evolucionaron hacia estructuras criminales que practican diversos tipos de extorsión y tienen fuerte influencia política local.
El magistrado de Moraes destacó durante el proceso el componente de racismo y misoginia en el crimen: "Marielle Franco era una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos".
Las condenas y la investigación
Los hermanos Brazão fueron hallados culpables de:
- Doble homicidio calificado
- Organización criminal armada
- Tentativa de homicidio contra una asesora de Franco que sobrevivió al ataque
La investigación se basó fundamentalmente en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó contra Franco y que ya había sido condenado a 78 años de prisión en 2024. El proceso también reveló una red de complicidades que incluyó a:
- Rivaldo Barbosa, excomisario que inicialmente dirigió la investigación, condenado a 18 años por obstrucción de la justicia
- Ronald Paulo de Alves, exagente de la Policía Militar, condenado a 56 años por vigilar la rutina de Franco
- Robson Calixto Fonseca, exasesor de Domingos Brazão, condenado a 9 años por actuar como intermediario
Repercusión nacional e internacional
El caso Marielle Franco se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Brasil, país que registró más de 57 mil homicidios en 2018 según datos oficiales del Ministerio de Justicia. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas siguieron de cerca el proceso y exigieron justicia.
Según el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, las milicias operan en más del 50% del territorio de la capital de Río de Janeiro y en decenas de municipios del área metropolitana, donde ejercen control sobre servicios como transporte, gas, televisión por cable e incluso desarrollos inmobiliarios irregulares.
La magistrada Carmen Lúcia, única mujer en la Corte Suprema, expresó durante el juicio: "Este proceso me ha hecho mucho daño espiritual y psicológico. ¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?". Sus palabras resuenan en un país donde, según la Corte, los hermanos Brazão "no esperaban tal repercusión" tras el asesinato.
Este proceso judicial ha establecido un precedente significativo en Brasil respecto a la responsabilidad penal de actores políticos vinculados con milicias y crimen organizado, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de las élites políticas conectadas con estructuras criminales.
