Delegado de la FGR en Tabasco enfrenta múltiples investigaciones por delitos sexuales
El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, se encuentra actualmente como imputado en seis investigaciones distintas dentro del mismo órgano constitucional que representa. De estas carpetas, solamente tres mantienen su vigencia y todas están relacionadas con delitos sexuales cometidos en perjuicio de sus antiguas colaboradoras.
Detalles de las acusaciones y procesos legales
Documentos internos a los que tuvo acceso este medio revelan información alarmante sobre el caso. Una de las defensoras designadas por Rivera Cisneros es, precisamente, una de sus subordinadas dentro de la estructura de la FGR en Tabasco. Además, se han identificado vínculos del delegado con el exprocurador general Jesús Murillo Karam, lo que añade complejidad al escenario.
El 9 de mayo de 2025, se informó que Rivera Cisneros había sido denunciado desde 2017 por Ana "N" (nombre modificado por seguridad) por posible acoso sexual. Sin embargo, la investigación formal no comenzó hasta 2019, abordando cargos de hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación.
En agosto de 2025, el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, determinó que la FGR no logró acreditar que Rivera Cisneros sintiera placer sexual durante los tocamientos reportados, rechazando así vincularlo a proceso. Tanto la fiscalía como la víctima apelaron esta decisión, manteniendo el caso en trámite.
Historial de investigaciones y denuncias adicionales
El análisis de riesgo procesal realizado por la FGR el 24 de julio de 2025 detalla otras carpetas abiertas contra el delegado:
- En 2020, la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos (FEAI) recibió una denuncia por copia no autorizada de información protegida, aunque el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.
- En enero de 2019, una excolaboradora lo acusó junto a otras dos funcionarias de obligarla a renunciar, caso que fue enviado a la Subdirección de Derechos Humanos pero resultó en abstención de investigar.
- En 2024, otra excolaboradora del área de Armonización Jurídica presentó denuncia por envío de mensajes inapropiados y hostigamiento sexual, incluyendo referencias como "mi vida" y "amorcito" en WhatsApp, así como comentarios sobre su apariencia física y miradas morbosas.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra) inició una carpeta de investigación que permanece activa, a la que se suma otra del mismo año por hostigamiento sexual presentada por la misma víctima.
Riesgo de fuga y perfil del imputado
El informe de la FGR destaca que existe riesgo fundado de fuga por parte de Rivera Cisneros, originario de Hidalgo, donde podría contar con redes de apoyo. Cuenta con dos pasaportes vigentes, cuatro domicilios en Hidalgo, Estado de México y Tabasco, y una trayectoria laboral en instituciones de seguridad pública desde 1993, lo que le proporcionaría conocimiento avanzado sobre tácticas de evasión y operativos policiales.
"Su permanencia en libertad representa un riesgo tanto de sustracción como de obstaculización del desarrollo de la investigación", señala el documento oficial.
Defensa y conexiones controversiales
En el expediente derivado de la denuncia de Ana "N", Rivera Cisneros designó como su defensor particular a Rodolfo de la Guardia García, exdirector de Interpol México, quien en 2009 fue detenido por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva, aunque posteriormente recibió sentencia absolutoria.
Durante la audiencia inicial, el delegado también incluyó en su equipo de defensa a Mixdally Lizbeth Álvarez Isidro, agente del Ministerio Público federal adscrita a la FGR en Tabasco y, por tanto, su subordinada directa. Álvarez Isidro ha estado involucrada en casos contra integrantes de La Barredora, grupo delincuencial vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Además, se confirmó que el domicilio declarado por Rivera Cisneros en Hidalgo fue vendido el 2 de mayo de 1995 por el propio Jesús Murillo Karam, con un valor inicial de 50 mil pesos mexicanos.
Al momento de la publicación, la FGR no respondió a consultas sobre si la fiscal Ernestina Godoy revisará el caso de Ana "N" contra el delegado en Tabasco, dejando pendiente la resolución de estas graves acusaciones.
