La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos pruebas contundentes que vinculen al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza con el narcotráfico. Mientras tanto, el Congreso de la Unión aguarda la recepción de dicha información.
¿Qué implica el desafuero?
Correspondería a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra ambos funcionarios para retirarles la inmunidad procesal, conocida como fuero. Esto permitiría su detención, enjuiciamiento y, en caso de pruebas contundentes, su extradición a Estados Unidos. El fuero constitucional protege a gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, consejeros del INE y secretarios de despacho, entre otros.
Proceso de desafuero
El desafuero o declaración de procedencia es un proceso parlamentario ante la Cámara de Diputados. Los pasos son:
- La FGR o el Ministerio Público presenta una denuncia ante la Cámara de Diputados.
- La solicitud pasa a la Sección Instructora, integrada por cuatro diputados, que revisa el caso, realiza diligencias y otorga derecho de audiencia al acusado.
- Tras 60 días hábiles, emite un dictamen sobre si existen elementos para proceder penalmente.
- El Pleno de la Cámara de Diputados se erige en Jurado de Procedencia para votar el dictamen. Si la mayoría absoluta (más de la mitad) aprueba el desafuero, el funcionario queda separado de su cargo y sujeto a los tribunales ordinarios.
- Si es un funcionario local, como un gobernador, el Congreso local debe ratificar la remoción.
Desaparición de poderes
En caso de que un gobernador sea llevado ante la justicia por delitos federales o locales, el Senado de la República debe decretar la desaparición de poderes en la entidad ante la ausencia del mandatario estatal. Posteriormente, nombra a un gobernador provisional mientras se organizan nuevas elecciones. El Senado ejerce control parlamentario sobre acciones gubernamentales, supervisando casos de seguridad nacional o conductas ilícitas de altos funcionarios que puedan derivar en responsabilidades penales.
