Fiscalía brasileña afirma sin dudas que políticos ordenaron asesinato de Marielle Franco
La fiscalía de Brasil declaró categóricamente que "no hay duda" sobre la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio del juicio histórico que se realiza ocho años después de este crimen que conmocionó profundamente al país sudamericano.
Un crimen que marcó a Brasil
Ícono de la causa negra y LGTB, y ferviente opositora a las milicias que operan en Río de Janeiro, Marielle Franco fue acribillada el 14 de marzo de 2018 cuando tenía apenas 38 años. La concejala viajaba en su automóvil por el centro de la ciudad cuando fue atacada, muriendo en el acto junto a su chofer, Anderson Gomes.
El tirador Ronnie Lessa y su cómplice Élcio Queiroz ya fueron condenados a largas penas de prisión en 2024, pero ahora la atención se centra en los presuntos autores intelectuales del crimen.
Los acusados: hermanos Brazão
La fiscalía acusa formalmente al exdiputado Chiquinho Brazão y a su hermano Domingos, exlegislador de Río de Janeiro, de haber ordenado el homicidio. Según las pruebas presentadas ante los jueces de la Corte Suprema en Brasilia, "no hay duda" de la "autoría delictiva" de los hermanos en los homicidios, afirmó el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
La acusación sostiene que Franco se oponía en el Concejo Municipal a propuestas impulsadas por los hermanos Brazão para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias. Estos grupos criminales controlan amplias zonas de Río de Janeiro y se formaron hace aproximadamente 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, evolucionando rápidamente hacia bandas que practican distintos tipos de extorsión.
Motivos políticos y resistencia
"Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazão", explicó el vicefiscal durante la primera sesión del juicio. La concejala, procedente de una favela y referente de izquierda, defendía activamente los derechos de los habitantes de barrios populares, especialmente de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
Con respaldo político de alto nivel, las milicias se apropiaron de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales, encontrando en Marielle Franco una voz poderosa de oposición.
Un juicio histórico con amplia asistencia
Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal brasileño, con la presencia de legisladores, periodistas y familiares de la víctima. Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al proceso judicial junto a otros integrantes de su familia.
"Hay que investigar y castigar", declaró Anielle Franco a periodistas antes de entrar en la sala. "Debe dejar de ser admisible que una concejala sea asesinada", agregó con determinación.
Más acusados y contexto ampliado
La Corte Suprema también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato:
- El excomisario Rivaldo Barbosa, acusado de haber "trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales"
- El expolicía Ronald Paulo de Alves
- Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro
Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil, destacó la importancia del proceso: "Personas que se consideraban intocables están hoy en el banquillo de los acusados. El país tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad".
Confesión y acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora. Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de prisión.
Durante su juicio, Lessa declaró que "se volvió loco" ante la oferta de varios millones de dólares para cometer el crimen. Los hermanos Brazão niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez del acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
Contexto de violencia e impunidad
El asesinato de Marielle Franco generó una de las investigaciones criminales más extensas en la historia reciente de Brasil. De acuerdo con datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, en 2018 —año del crimen— el país registró 57,358 homicidios, lo que representó una tasa de 27.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.
En el estado de Río de Janeiro, las milicias ampliaron significativamente su control territorial. Estudios del Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense señalan que estos grupos ejercen influencia en más del 50% del territorio de la capital y su zona metropolitana.
Proceso judicial como precedente clave
La investigación fue federalizada parcialmente en 2024 tras señalamientos de obstrucción y encubrimiento, derivando en la detención de autoridades policiales y actores políticos presuntamente vinculados. El Supremo Tribunal Federal asumió competencia directa debido al fuero de los acusados.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado que Brasil mantiene altos niveles de impunidad en homicidios, especialmente cuando involucran a defensores de derechos humanos. Global Witness ha colocado al país de manera recurrente entre los más peligrosos para activistas en América Latina.
El proceso judicial es considerado un precedente clave para determinar responsabilidades intelectuales en crímenes políticos y para evaluar la posible infiltración de estructuras criminales en instituciones públicas de Río de Janeiro. El juez Alexandre de Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión.
Este magistrado ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo, demostrando la capacidad del sistema judicial brasileño para enfrentar casos de alta complejidad política.
