Reforma del Poder Judicial 2024: Un Cambio Profundo con Grandes Desafíos
En septiembre de 2024, México implementó una reforma trascendental en el Poder Judicial, marcando un hito en la estructura del Estado. Esta transformación se centró en dos ejes fundamentales: la elección popular de personas juzgadoras y una reestructuración completa de los principales órganos judiciales. Sin embargo, estos cambios han generado intensos debates sobre sus implicaciones para la independencia y eficacia del sistema de justicia.
Elección Popular de Jueces: Un Riesgo para la Independencia
El primer cambio, la selección de jueces mediante voto popular, ha sido objeto de críticas por su potencial para politizar la función judicial. Las candidaturas se ven obligadas a participar en campañas electorales, foros y jornadas que distan de las actividades propias de la jurisdicción. Además, los requisitos constitucionales para aparecer en las boletas electorales no incluyen conocimientos específicos, habilidades técnicas o experiencia en el ámbito judicial, lo que ha llevado a un deterioro en la idoneidad de las candidaturas. Este diseño, según expertos, amenaza la imparcialidad y profesionalismo de quienes impartirán justicia.
Reestructuración del Poder Judicial y el Nuevo Tribunal de Disciplina
Por otro lado, la reestructuración implicó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), integrado por magistrados electos popularmente. Este órgano tiene la responsabilidad de vigilar la actuación y desempeño de las personas juzgadoras. No obstante, en ausencia de criterios y procedimientos claros, existe el riesgo de que se convierta en un mecanismo de presión interna, utilizando sanciones como forma de control político sobre jueces y juezas. Esto representa un elemento adicional que pone en jaque la independencia judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Ojo del Huracán
El 1 de septiembre de 2024, tomaron protesta los jueces, magistrados y ministros electos en junio, dando inicio a una nueva era en el Poder Judicial federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en la instancia de mayor visibilidad y escrutinio público, enfrentando el reto de superar un déficit de legitimidad debido a la escasa votación ciudadana y las irregularidades en el proceso electoral, como el uso excesivo de recursos públicos en campañas.
Entre los aciertos de la nueva SCJN destacan la primera audiencia pública con personas con discapacidad y reuniones con sectores sociales, incluyendo jubilados del IMSS y representantes empresariales. Sin embargo, se han observado retrocesos en transparencia, como la falta de publicación de información estadística mensual y de asuntos resueltos por acuerdos.
La verdadera prueba de legitimidad e independencia radica en las resoluciones que protegen derechos, incluso en contra de los intereses del Ejecutivo y Legislativo. Un caso reciente ilustra lo contrario: los nuevos ministros sobreseyeron un amparo presentado por México Unido contra la Delincuencia, representando a familiares de víctimas de desaparición. La mayoría argumentó falta de interés legítimo, a pesar de que muchas víctimas carecen de recursos para acceder a la justicia federal, mostrando un paso atrás en la protección de derechos.
El Tribunal de Disciplina Judicial: Un Doble Filo
El TDJ enfrenta la delicada tarea de sancionar conductas inadecuadas y evaluar el desempeño de jueces electos durante su primer año. Como instancia de nueva creación, sustituyendo al desaparecido Consejo de la Judicatura Federal, su principal reto es establecer estructuras institucionales, como el órgano de evaluación de desempeño y el de investigación de responsabilidades administrativas.
Este tribunal es clave para erradicar malas prácticas, como irregularidades en nombramientos o violencia laboral, pero un mal uso de sus atribuciones podría interferir con la libertad de criterio judicial, convirtiéndose en una amenaza para jueces que fallen contra intereses gubernamentales.
El Órgano de Administración Judicial: Motor del Sistema
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) es responsable de la administración y carrera judicial federal. Sus retos incluyen optimizar el uso de recursos humanos, materiales y tecnológicos en los 936 órganos jurisdiccionales nacionales. Una mala administración podría generar sobrecargas de trabajo o falta de recursos, afectando la labor judicial.
En cuanto a la carrera judicial, el OAJ debe garantizar la especialización inicial y continua de jueces electos, a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial. El fortalecimiento de esta institución es crucial para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales, y es vital conocer cómo se evaluará el primer año de ejercicio de los jueces electos en 2025.
Vigilancia Ciudadana: Una Tarea Esencial
A pocos meses del inicio del nuevo Poder Judicial federal y en varios estados, es prematuro concluir si ha mejorado la justicia en México. Lo que sí es evidente son los enormes retos que enfrentan las instancias judiciales para implementar la nueva estructura y generar resultados como certidumbre jurídica, protección de derechos y equilibrio de poderes. La transparencia y vigilancia ciudadana son fundamentales para monitorear este proceso de transición y asegurar que el sistema judicial cumpla con su mandato constitucional.
