El registro obligatorio de líneas móviles en México ha generado controversia entre especialistas, quienes señalan que esta medida viola el artículo sexto de la Constitución, que garantiza el derecho de acceso a internet y a las tecnologías de la información y comunicación. Los usuarios que no vinculen su línea antes del 30 de junio perderán el acceso a sus servicios de telecomunicaciones móviles, lo que representa una vulneración a sus derechos fundamentales.
Opinión de expertos
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, explicó que el artículo sexto constitucional protege el derecho a la banda ancha y a las tecnologías de la información. "Una ley no está por encima de la Constitución, por lo que es posible que surjan amparos y procedimientos legales contra esta disposición", afirmó.
Por su parte, Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), defendió la medida argumentando que el registro está contemplado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, reconoció que dicha ley está subordinada a la Constitución. "La obligación de registrar las líneas está expresamente señalada en la ley: las empresas solo mantendrán habilitadas las líneas vinculadas a una persona", indicó.
Críticas a la justificación
Negrete criticó que el proceso de vinculación se haya enmarcado en la seguridad pública y nacional, en lugar de enfocarse en la habilitación de derechos. "Si nos dijeran que es para garantizar el acceso a internet y otros derechos fundamentales, lo aplaudiría. Pero al vincularlo con seguridad, la respuesta es no", señaló.
El especialista también mencionó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podría haber utilizado la identidad digital y la CURP para alinear el registro con los derechos humanos, pero no fue así. "Al poner un derecho fundamental sobre los demás y usar criterios de seguridad, se vuelve agresor y conculca otros derechos", agregó.
Consecuencias previstas
Negrete advirtió que esta medida provocará "la cancelación de derechos digitales más grande en Occidente", ya que no existe antecedente de que un Estado cancele millones de líneas simultáneamente. Además, afectará principalmente a los sectores más vulnerables: grupos indígenas, comunidades rurales y personas marginadas que ni siquiera conocen la campaña de registro.
Los operadores de telecomunicaciones también resultarán perjudicados, pues han invertido miles de millones de dólares en infraestructura. "Cancelar líneas impactará a los más pobres, que son los primeros en ser desconectados", concluyó Negrete.
