El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México se ha convertido en una práctica creciente que reduce drásticamente la esperanza de vida de los adolescentes. Según una advertencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los jóvenes que ingresan a grupos delictivos sobreviven en promedio entre uno y tres años. Esta información fue presentada durante un foro celebrado en el Senado de la República, donde especialistas de diversas instituciones analizaron la gravedad del fenómeno.
Reclutamiento como estrategia del crimen organizado
Los expertos señalaron que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes no es un efecto secundario de la actividad delictiva, sino una estrategia deliberada que los grupos criminales utilizan para controlar territorios y fortalecer sus operaciones. Las organizaciones delictivas aprovechan la vulnerabilidad de los menores, ofreciéndoles dinero, protección o un sentido de pertenencia, para luego utilizarlos en actividades ilícitas como el narcotráfico, la vigilancia o incluso como sicarios.
Falta de un tipo penal específico
Uno de los principales problemas identificados por los especialistas es la ausencia de un tipo penal autónomo en México que castigue específicamente el reclutamiento forzado de menores. Actualmente, las autoridades suelen intervenir cuando el daño ya está consumado, procesando a los menores como responsables de delitos en lugar de tratarlos como víctimas. Esto genera una revictimización y dificulta la aplicación de justicia. Investigadores y organismos internacionales coincidieron en la urgencia de crear una figura legal que permita sancionar directamente a los reclutadores.
Llamado a proteger a los menores
Organizaciones como UNICEF han insistido en que los menores reclutados deben ser abordados con un enfoque diferenciado, priorizando su protección integral y no la sanción penal. La falta de un marco jurídico claro impide que el Estado pueda responder de manera efectiva ante este fenómeno. Los especialistas urgieron a establecer políticas públicas integrales que prevengan el reclutamiento desde las comunidades y brinden atención psicosocial, educativa y económica a las víctimas y sus familias.
Propuestas para enfrentar el problema
Entre las propuestas destacan la creación de un registro nacional de casos, la capacitación de funcionarios públicos para identificar señales de reclutamiento, y el fortalecimiento de programas de prevención en escuelas y barrios. Asimismo, se recomendó trabajar en coordinación con los estados y municipios para desarticular las redes de captación. La OEA subrayó que la protección de la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad en la agenda de seguridad nacional.
