Alcalde de Tequila y su gabinete enfrentan audiencia clave por secuestro y presuntos nexos con el CJNG
El panorama legal para el alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, conocido coloquialmente como "El Presidente", y dos integrantes de su gabinete municipal se definirá este martes en una audiencia judicial de gran trascendencia. El juez de control Mario Elizondo Martínez decidirá si los vincula formalmente a proceso por su presunta responsabilidad en graves delitos que incluyen la delincuencia organizada con fines de secuestro.
Los cargos y la acusación fiscal
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó el pasado viernes una acusación formal contra los tres funcionarios. Se les imputa su participación directa en el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, un hecho ocurrido en marzo de 2021.
Además, a los colaboradores del alcalde, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, se les atribuye específicamente el delito de secuestro agravado. La Fiscalía sostiene que estos actos estuvieron vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
La estrategia de la defensa y la situación actual
Frente a estos graves señalamientos, la defensa de Rivera Navarro y sus dos colaboradores, conformada por un equipo de cinco abogados, solicitó y obtuvo la duplicación del plazo constitucional para recabar pruebas a favor de sus representados. Este plazo vence precisamente este martes, lo que convierte la audiencia en un momento decisivo.
El juez Elizondo Martínez no solo resolverá sobre la vinculación a proceso, sino que también determinará si ratifica la prisión preventiva oficiosa que actualmente pesa sobre los acusados. Esta medida cautelar se decretó tras su detención, evidenciando la gravedad que el sistema judicial atribuye a los hechos.
Condiciones de reclusión y procedimiento judicial
Tras su aprehensión, el alcalde Diego Rivera Navarro fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Por instrucción expresa del juez, fue ubicado en una zona especial reservada para servidores públicos, garantizando condiciones de custodia acordes a su estatus.
Por su parte, el director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, y el director de Catastro, Juan Gabriel Toribio Villareal, fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas. Desde este centro penitenciario, ambos se conectarán mediante videoconferencia con el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, para participar en la audiencia de este martes.
Esta audiencia representa un capítulo crítico en un caso que ha captado la atención nacional, al involucrar a autoridades municipales en presuntas actividades delictivas de alto impacto. La decisión del juez marcará el rumbo procesal para los acusados y podría tener repercusiones significativas en la percepción de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno local.
