CJNG intensifica violencia con drones explosivos en Michoacán tras muerte de 'Mencho'
Un mes después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este grupo delictivo ha reanudado con fuerza sus ataques terroristas en la Sierra Costa de Michoacán. Habitantes de cuatro comunidades nahuas denuncian una nueva ola de agresiones con drones cargados de explosivos, mientras exigen a las autoridades federales y estatales el desmantelamiento inmediato de la organización criminal en la zona.
Ocho días de terror continuo
Según reportes del Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio (CODDHHT), los ataques se han prolongado durante ocho días consecutivos en algunas localidades, sin que hasta el momento se registre intervención efectiva de las corporaciones de seguridad para proteger a la población civil. Las comunidades afectadas incluyen:
- Laguna de Calvillo
- El Puerto
- El Ranchual
- El Salitre de Estopila
Todas estas localidades pertenecen al municipio de Chinicuila, donde los residentes han vivido bajo constante amenaza durante los últimos tres años. "Estos actos representan una grave amenaza a la seguridad pública generando temor, desplazamiento y vulnerabilidad entre las familias que habitan estas localidades", alertan tanto el CODDHHT como los habitantes directamente afectados.
Evolución de la violencia criminal
La estrategia del CJNG ha evolucionado significativamente en la región. Inicialmente, las agresiones se limitaban al uso de armas de fuego convencionales. Posteriormente, el cártel incorporó tecnología avanzada mediante drones modificados para transportar y detonar explosivos. Más recientemente, han recurrido a la siembra de minas terrestres en puntos estratégicos de las carreteras, buscando incomunicar por completo a las comunidades indígenas.
Frente a la ausencia de operativos gubernamentales para desactivar estos artefactos explosivos, los propios habitantes han tenido que asumir esta peligrosa labor a través de sus guardias comunales. "El uso de este tipo de tecnología con fines violentos constituye un riesgo extremo y una escalada en la inseguridad", advierten los defensores de derechos humanos.
Exigencias concretas de las comunidades
Las comunidades nahuas han formulado demandas específicas a las autoridades, entre las que destacan:
- Desmantelamiento completo del CJNG en la región y detención de sus miembros
- Retiro inmediato de todos los explosivos colocados en carreteras y áreas cercanas a las comunidades
- Instalación de un retén militar permanente en el crucero de Los Telares
- Implementación de puestos de vigilancia y control por parte del Ejército Mexicano
- Establecimiento de mesas de trabajo entre autoridades federales, estatales y comunidades
- Investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado
Los habitantes denuncian que la inacción de las autoridades frente a esta problemática representa una posición de complicidad indirecta, especialmente considerando que comunidades como Coahuayula son vistas como los últimos bastiones de defensa territorial que impiden el acceso libre del crimen organizado a la Costa Michoacana.
Contexto histórico de violencia
La violencia en la Sierra Costa de Michoacán no es un fenómeno nuevo. Durante 2025 se documentaron agresiones en febrero, abril, julio y octubre, y a pesar del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado por el gobierno federal, entre el 25 y el 31 de diciembre del mismo año, siete comunidades estuvieron bajo ataque constante.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha afirmado que en Chinicuila existe vigilancia permanente con presencia de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Sin embargo, según reportes del CODDHHT, estas fuerzas de seguridad no se internan en las comunidades más afectadas, lo que permite que los ataques continúen impunemente.
La situación se agrava con casos como la desaparición, el 19 de marzo de 2024, del defensor del territorio José Gabriel Pelayo Salgado, fundador del Consejo Popular de Chinicuila, sin que existan avances significativos en las investigaciones para localizar su paradero o identificar a los responsables.
