El cobro de 'piso' agobia a comerciantes y empresarios en Acapulco
La ciudad de Acapulco, otrora un destino turístico emblemático de México, se encuentra sumida en una profunda crisis de seguridad que afecta directamente a su tejido económico. Comerciantes, pequeños empresarios y dueños de negocios reportan un aumento alarmante en las extorsiones por parte de grupos delictivos, conocidas coloquialmente como "cobro de piso". Esta práctica ilegal no solo erosiona las finanzas locales, sino que también genera un ambiente de temor e incertidumbre que ahuyenta la inversión y el turismo.
Un problema sistémico que paraliza la economía
Los afectados describen un modus operandi recurrente: individuos vinculados a la delincuencia organizada se acercan a los establecimientos para exigir pagos periódicos a cambio de "protección" o simplemente para evitar represalias. Las cantidades varían, pero pueden representar un porcentaje significativo de los ingresos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Muchos comerciantes, por miedo a represalias, optan por pagar en silencio, lo que perpetúa el ciclo de extorsión.
Esta situación ha llevado a que numerosos negocios reduzcan sus horarios de operación, cierren temporalmente o, en los casos más extremos, decidan abandonar la ciudad por completo. La economía local, ya de por sí golpeada por la pandemia y otros factores, se ve así doblemente afectada, con consecuencias visibles en el empleo y el bienestar de las familias acapulqueñas.
Impacto en la vida cotidiana y la percepción de seguridad
El cobro de piso no es un fenómeno aislado; se inserta en un contexto más amplio de violencia e inseguridad en el estado de Guerrero. Los residentes reportan que la presencia de grupos criminales influye en múltiples aspectos de la vida diaria, desde la movilidad hasta las decisiones comerciales. La percepción de inseguridad disuade a turistas nacionales e internacionales, lo que a su vez reduce la demanda de servicios y productos locales.
Algunas de las consecuencias más notorias incluyen:
- Cierre de negocios: Establecimientos que no pueden afrontar los pagos extorsivos se ven obligados a cerrar, aumentando el desempleo.
- Migración forzada: Familias enteras abandonan Acapulco en busca de mejores condiciones de seguridad en otras ciudades.
- Desconfianza institucional: Muchas víctimas no denuncian por temor a que las autoridades no puedan garantizar su protección.
- Erosión del tejido social: El miedo y la desconfianza minan las relaciones comunitarias y la cohesión social.
Respuestas y desafíos pendientes
Ante esta crisis, tanto el gobierno estatal como el federal han anunciado operativos de seguridad y estrategias para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados son mixtos, y muchos ciudadanos sienten que las medidas son insuficientes o no llegan a la raíz del problema. Se requiere un enfoque integral que combine:
- Refuerzo policial: Mayor presencia y efectividad de las fuerzas de seguridad en zonas críticas.
- Apoyo económico: Programas de ayuda directa a comerciantes afectados para reactivar la economía.
- Canales de denuncia seguros: Mecanismos confidenciales que protejan a las víctimas de represalias.
- Cooperación ciudadana: Campañas de concientización para fomentar la denuncia y la solidaridad comunitaria.
En resumen, el cobro de piso en Acapulco es más que un delito aislado; es un síntoma de una crisis de seguridad que amenaza la viabilidad económica y social del puerto. Sin acciones concretas y sostenidas, el futuro de Acapulco como motor turístico y comercial de Guerrero podría estar en grave riesgo.
