Estados Unidos y México coordinan sanciones contra red turística vinculada al CJNG
En una acción coordinada entre ambos países, Estados Unidos ha designado a una extensa red turística por sus presuntos vínculos con el crimen organizado que opera en los estados de Jalisco y Nayarit. La medida representa un golpe significativo a las estructuras financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Designaciones internacionales y bloqueos nacionales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó formalmente a 24 sujetos, incluyendo cinco personas físicas y diecinueve personas morales. Estas designaciones se basan en su presunta participación en un sofisticado esquema de fraude mediante "tiempos compartidos" que habría servido como fachada para el lavado de dinero del CJNG.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), implementó medidas restrictivas adicionales al incorporar en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos más: seis personas físicas y una persona moral. Estos individuos y entidades están vinculados al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante las investigaciones conjuntas.
Esquema de fraude en zonas turísticas
La acción anunciada se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional. El esquema se concentraba particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo destinos populares en Jalisco y Nayarit.
En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos exhaustivos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el Occidente de México.
Consecuencias legales y coordinación internacional
La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.
Asimismo, se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales correspondientes. A través de la UIF, la Secretaría de Hacienda mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo principal de estas acciones coordinadas es prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza significativa para la seguridad y la economía nacional. Esta operación demuestra la creciente cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra las finanzas del crimen organizado transnacional.
