Harfuch aborda sanciones estadounidenses contra red hotelera vinculada al crimen organizado
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reaccionó este viernes ante las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra un consorcio hotelero mexicano ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta vinculación con una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Investigación en proceso y coordinación internacional
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en la XII región militar de Irapuato, García Harfuch señaló que "hay una investigación en proceso" sobre este caso. El funcionario federal destacó la existencia de una coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos para abordar la situación en el resort costero.
"De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas. Pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando", afirmó el secretario de Seguridad al ser cuestionado sobre los detalles de la operación.
Detalles de las sanciones estadounidenses
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra Kovay Gardens, un resort de tiempo compartido situado en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera Nayarit, al noroeste de Puerto Vallarta. La medida afecta a:
- Cinco personas mexicanas
- Diecisiete empresas mexicanas asociadas con la red de fraude
En su comunicado oficial, las autoridades estadounidenses explicaron que "muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG".
Procedimiento legal en México
García Harfuch reiteró que la UIF ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) respecto al caso del resort en Puerto Vallarta, y que será esta institución la encargada de proporcionar informes oficiales sobre el avance de las investigaciones. "La UIF lleva el caso del resort en Puerto Vallarta con la FGR", confirmó el titular de la SSPC, enfatizando el seguimiento legal que se está dando al asunto dentro del marco jurídico mexicano.
Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas en la lucha contra las redes del crimen organizado que se diversifican hacia actividades económicas aparentemente legítimas, utilizando complejos esquemas financieros y operaciones comerciales para lavar dinero y extorsionar a turistas nacionales e internacionales.
