Nuevo 'Cártel del Despojo' Arrebata Playas y Reservas Ecológicas en Oaxaca
Comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca han levantado la voz para denunciar la operación de un nuevo 'cártel del despojo', que, con el respaldo de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales, se está apropiando ilegalmente de playas y reservas ecológicas de alto valor turístico. Este grupo, vinculado a intereses inmobiliarios y empresariales, utiliza armas de alto calibre y documentos falsos para despojar a las comunidades de sus tierras comunales, generando un clima de miedo y hostigamiento.
Zonas Afectadas y Casos Documentados
Entre las áreas más impactadas se encuentran la franja costera de Santiago Cuixtla y la laguna de Manialtepec, ubicadas en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. A pesar de una clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), estos terrenos están siendo fraccionados para proyectos inmobiliarios. Otros sitios en riesgo incluyen:
- Punta Colorada en Puerto Escondido, una playa virgen con 111 hectáreas de humedales y manglares.
- Tilzapote, donde más de 300 hectáreas fueron arrebatadas mediante un mandato judicial.
- Playas como Salchi, Brasil, Punta Chivo, Barra de la Cruz, El Coyul y San Agustín.
Los defensores del territorio, como Ernesto Chávez Ramos y Oralia Ramírez, enfrentan persecución judicial por oponerse a estos intereses. Se han presentado al menos 10 denuncias por cierres de accesos públicos y destrucción de ecosistemas, sin avances significativos en las investigaciones.
Mecanismos de Despojo y Complicidad
El modus operandi de este cártel involucra la venta ilegal de tierras comunales, respaldada por escrituras apócrifas emitidas por notarios públicos, como Jesús Martínez Vigil. Además, se ha reportado la participación de colaboradores dentro del Catastro municipal y registros públicos, facilitando la inscripción de documentos irregulares. Los comuneros señalan que el grupo opera con uniformes similares a los de la Fiscalía estatal, intimidando a los legítimos poseedores.
Proyectos inmobiliarios como La Reserva, comercializado por Grupo Pacífico Escondido y Matrona Real State, están promoviendo estas tierras en internet, a pesar de las clausuras. Los afectados acusan al gobernador Salomón Jara Cruz de omisión o complicidad, advirtiendo que esto podría llevar al crimen organizado a controlar inversiones y negocios turísticos.
Falta de Acción Gubernamental y Temores
A pesar de las denuncias presentadas ante tribunales agrarios y la Fiscalía General del Estado, no hay avances en los casos. Los comuneros relatan que, tras la clausura de Profepa, hombres armados amenazaron al comisariado, diciéndoles 'que ya no le esté moviendo al asunto porque iba a acabar mal'. Actualmente, la franja costera está cercada con perímetros de seguridad, y se han realizado desmontes y lotificaciones para la venta como propiedad privada.
Este nuevo cártel se suma a uno anterior identificado en 2022, vinculado al exgobernador Alejandro Murat, que acumuló más de 200 denuncias. Los habitantes temen por sus vidas, expresando: 'Si seguimos nos van a matar', mientras las autoridades parecen proteger estos desarrollos ilegales.
