Un reportaje publicado por The New York Times documentó presuntos vínculos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y autoridades mexicanas, incluidos policías, funcionarios públicos y elementos militares, a partir de entrevistas con cuatro operativos de la organización criminal, testimonios de exfuncionarios y revisión de expedientes judiciales.
El texto, publicado originalmente el viernes en el portal web con el título “Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta” y firmado por Paulina Villegas, fue publicado este domingo en la edición impresa del influyente rotativo estadunidense.
Acusación contra Rocha Moya
La investigación fue publicada después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados de presuntamente mantener una alianza con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.
De acuerdo con el diario, la acusación sostiene que la facción de Los Chapitos, encabezada por hijos de Joaquín Guzmán Loera, habría intervenido en la elección para la gubernatura de Sinaloa en 2021 mediante robo de boletas, intimidación y secuestro de candidatos opositores para favorecer a Rocha Moya.
Según el reportaje, fiscales estadunidenses señalaron que, una vez en el cargo, el mandatario estatal permitió que el grupo criminal operara con protección desde estructuras estatales y municipales. La publicación también indicó que las autoridades electorales validaron la elección pese a más de 200 denuncias relacionadas con intimidación armada, robo de boletas y secuestro de candidatos durante el proceso electoral.
Testimonios de operativos
Tres de los cuatro operativos entrevistados dijeron pertenecer a la facción de Los Chapitos y otro afirmó tener vínculos con Los Mayos. Todos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. El Times explicó que corroboró parte de los testimonios mediante entrevistas con expertos, exfuncionarios y antecedentes judiciales relacionados con corrupción y narcotráfico en México.
Según los testimonios recogidos por el diario, policías estatales y municipales presuntamente realizaban detenciones selectivas de rivales del grupo criminal, alertaban sobre operativos militares y compartían información sobre movimientos de fuerzas de seguridad. Uno de los entrevistados aseguró que integrantes del cártel participaban en operativos utilizando uniformes policiales.
Otro operativo, identificado como un hombre de 28 años que afirmó trabajar para el cártel desde los 13 años, sostuvo que algunos integrantes del Ejército permitían el paso de miembros de la organización en retenes militares mediante el uso de palabras clave. De acuerdo con el reportaje, el entrevistado relató que expresiones como “verde, R8, delta” servían para identificar a integrantes del grupo criminal y evitar revisiones en puestos de control.
El diario también documentó presuntos esquemas de sobornos a mandos policiales y funcionarios estatales. Dos de los operativos afirmaron haber acompañado entregas de dinero a autoridades. Uno de los testimonios describió además una red de comunicación entre integrantes del cártel y policías para compartir información sobre retenes, movimientos de grupos rivales y zonas que debían evitarse.
Reacciones y antecedentes
Rocha Moya negó las acusaciones y las calificó como “falsas y sin fundamento”. Según el diario, también afirmó que el caso representa un intento del gobierno de Donald Trump por intervenir políticamente contra la coalición encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El reportaje señaló que Sheinbaum rechazó las solicitudes de Estados Unidos para detener al gobernador con licencia y pidió que el caso fuera investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La publicación retomó además antecedentes judiciales relacionados con corrupción y narcotráfico en México, entre ellos la condena contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal; la sentencia contra Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit; y el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El diario también recordó investigaciones previas sobre el caso Ayotzinapa, en las que documentó presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales en Guerrero.
Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dijo al periódico que históricamente grupos criminales han infiltrado corporaciones policiacas completas mediante sobornos y amenazas. Gina Parlovecchio, exfiscala federal de Nueva York que encabezó casos contra líderes de cárteles, incluido Joaquín Guzmán Loera, sostuvo que la corrupción de funcionarios públicos es una de las principales herramientas para la operación de organizaciones criminales.
“Esto puede acabar con nosotros”, dijo uno de los operativos entrevistados por el diario al referirse a la acusación presentada en Estados Unidos. Otro de los entrevistados afirmó que la relación entre estructuras criminales y autoridades en México antecede al actual gobierno federal. “Cuando hay un poder fuera del Estado, de los canales oficiales, más fuerte que el Estado mismo”, dijo al periódico, “es imposible que existan, no pueden llegar sin nosotros”.
