La violencia del narcotráfico reordena la migración interna en México
Frente al deterioro severo de la seguridad en un territorio, normalmente se esperaría una salida masiva de población. Sin embargo, la experiencia mexicana durante la escalada de homicidios vinculada a la denominada "Guerra contra las Drogas", iniciada en 2007, revela un patrón diferente. Muchas personas no se alejan considerablemente, y esta realidad puede conducir a subestimar el verdadero impacto de la inseguridad sobre la vida económica y el bienestar social.
Un aumento heterogéneo de la violencia
Entre 2007 y 2011, la tasa nacional de homicidios en México casi se triplicó. Pero este incremento no fue uniforme: mientras algunos municipios experimentaron alzas extremas, otros registraron aumentos relativamente menores. Esta heterogeneidad espacial crea oportunidades teóricas para migrar hacia localidades menos violentas. No obstante, migrar implica costos, y estos se incrementan sustancialmente con la distancia.
Numerosas personas permanecen vinculadas a un lugar específico debido a lazos familiares, responsabilidades de cuidado, empleo estable o propiedad de vivienda. En este contexto, la ausencia de un éxodo masivo ante la violencia no constituye evidencia de un daño menor; frecuentemente significa que el costo de trasladarse resulta prohibitivamente elevado.
El desafío metodológico: aislar el efecto de la violencia
La principal dificultad para comprender si la violencia impulsa la migración radica en que la violencia no es aleatoria. Suele presentarse combinada con otros factores: economías en declive, instituciones débiles o municipios que históricamente han expulsado población. Por lo tanto, al comparar simplemente lugares con más y menos homicidios, existe el riesgo de confundir causalidad con coincidencia.
La investigación "Internal migration and drug violence in Mexico" se fundamenta en una premisa más concreta: una porción significativa de la violencia asociada al narcotráfico emerge cuando existe disputa por territorios estratégicos, particularmente por rutas de tráfico. Cuando dos grupos rivales necesitan utilizar los mismos corredores, o cuando cambios en sus alianzas transforman rutas previamente pacíficas en zonas de competencia, aumenta la probabilidad de conflicto y, consecuentemente, los homicidios.
Mediante información sobre zonas de producción, puntos de cruce, presencia de organizaciones criminales y fluctuaciones en rivalidades, es posible anticipar qué municipios quedan más expuestos a esta competencia en diferentes períodos. Lo crucial es que esta exposición, predicha por la lógica de las rutas, permite aislar aumentos de violencia que no dependen directamente de la situación económica local o de tendencias migratorias previas.
Migración de corta distancia: la respuesta predominante
Los hallazgos demuestran que la violencia efectivamente impulsa a las personas a desplazarse, pero principalmente a corta distancia. Un incremento del 1% en la tasa de homicidios aumenta los flujos de salida hacia otros municipios dentro de la misma zona de desplazamiento laboral (es decir, dentro del mismo mercado laboral local) en aproximadamente 0.32% a 0.48%. En contraste, no se observa una respuesta robusta en la migración de larga distancia que cruce zonas de desplazamiento laboral.
Esto es consistente con una lógica económica sencilla: si la violencia reduce la calidad de vida, las personas preferirían localidades más seguras, pero si los costos de mudanza se elevan rápidamente con la distancia, la respuesta óptima puede ser reubicarse lo suficientemente cerca para reducir la exposición al riesgo sin fracturar vínculos laborales y sociales esenciales.
Violencia como barrera para la llegada de capital humano
La violencia también reduce la inmigración hacia municipios violentos, especialmente de trabajadores calificados que provienen desde fuera del mercado laboral local. Según los datos, un aumento del 1% en homicidios disminuye los flujos de entrada de estos trabajadores en aproximadamente 0.16%. Es decir, la violencia no solo expulsa población; también cierra la puerta a oportunidades futuras al frenar la llegada de capital humano valioso.
Desde una perspectiva de desarrollo, esto es relevante porque la composición de habilidades de una localidad influye directamente en la productividad, la especialización económica y las trayectorias de crecimiento. Si los municipios más violentos reciben menos trabajadores calificados, pueden quedar atrapados en un equilibrio de menor dinamismo económico, perpetuando condiciones de subdesarrollo.
El costo invisible: pérdidas de bienestar significativas
Para cuantificar este impacto, la investigación estima un modelo de elección de destinos que permite traducir cambios en la violencia en pérdidas de bienestar económico. El enfoque, clásico en economía espacial, considera que las personas valoran salarios, amenidades y desamenidades (como la violencia), mientras enfrentan costos de mudanza. Los resultados indican que las personas estarían dispuestas a aceptar una caída salarial de 0.15% a 0.58% para reducir un 1% la tasa local de homicidios.
Este punto es fundamental porque ilumina el componente invisible del costo social. Si casi nadie se desplaza lejos, el daño no desaparece: se acumula como pérdida de bienestar para quienes permanecen. Los ejercicios de modelación sugieren costos equivalentes a aproximadamente 10% del PIB anual, con la advertencia explícita de que se trata de cálculos indicativos sensibles a supuestos metodológicos, particularmente en mercados como el de la vivienda.
La magnitud de estas estimaciones, incluso considerando márgenes de cautela, es suficiente para demostrar que utilizar el número de desplazados como medida única de daño subestima gravemente el costo real de la violencia en la sociedad mexicana.
Implicaciones para políticas públicas
Desde una perspectiva económica y de desarrollo, estos hallazgos generan varias implicaciones de política:
- La seguridad como política de bienestar y productividad: Reducir la violencia no es solo un tema de justicia penal; constituye una intervención que afecta decisiones de localización, acumulación de capital humano y calidad de vida general.
- Reducción de fricciones para la movilidad: Dado que parte del daño se origina en los altos costos de mudanza, disminuir estas barreras puede convertirse en una herramienta de apoyo efectiva frente a choques de violencia.
- Protección del capital humano local: Si la violencia ahuyenta talento calificado, es crucial implementar políticas para retener y atraer personal clave en zonas afectadas (docentes, personal de salud, servidores públicos) y medidas que protejan oportunidades para quienes permanecen.
La conclusión fundamental es que, en ocasiones, el mayor impacto de la violencia no se manifiesta en movimientos masivos de población, sino en decisiones cotidianas: dónde aceptar un empleo, dónde estudiar, dónde invertir o, simplemente, cuánto se deteriora la vida diaria. La economía proporciona herramientas para cuantificar ese costo y, con ello, diseñar políticas más efectivas que lo reduzcan sin caer en diagnósticos incompletos basados exclusivamente en cifras de desplazamiento.
* Aurora Ramírez Álvarez es doctora en Economía por la Universidad de Brown, profesora investigadora en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México y coordinadora de la Licenciatura en Economía.
