Juzgados de Coahuila revictimizan a mujeres al forzarlas a compartir espacios con sus agresores
Pese a contar con órdenes de protección, mujeres víctimas de violencia en Coahuila enfrentan una nueva forma de victimización dentro de los juzgados, donde son obligadas a esperar audiencias en los mismos espacios que sus agresores, sin protocolos de resguardo que garanticen su seguridad integral.
De zona de resguardo a lugar de riesgo en Saltillo
El Centro de Justicia Penal en Saltillo, diseñado para ser un espacio seguro, se ha convertido en un lugar de alto riesgo para las denunciantes. Rosa (nombre protegido) llegó sola y nerviosa a la sala 6 para una audiencia sobre violencia patrimonial, amenazas y agresiones digitales, sin que nadie le explicara el motivo de la diligencia. Su temor se materializó cuando descubrió que su agresor, quien había destrozado las llantas de su vehículo, estaba sentado a menos de un metro de distancia.
En el mismo lugar, Lucy (nombre ficticio) enfrentó una situación similar. Con huellas visibles de golpes recibidos una semana antes, confesó su miedo a encontrarse con su expareja, quien llegó acompañado por al menos seis familiares que esperaban afuera del edificio. "Hace mucho tiempo que terminamos y, como trabajamos en el mismo lugar y tenemos amigos en común, me sigue acosando, pese a que él ya tiene otra pareja", relató Rosa entre lágrimas.
Falta de protocolos y retrasos que agravan el daño
La ausencia de protocolos de contención, asesoría y resguardo emocional en los juzgados coahuilenses expone a las mujeres a coincidir con quienes las han violentado. Además de las agresiones físicas o patrimoniales denunciadas, continúan recibiendo amenazas y mensajes cargados de violencia sexual y degradación, incluyendo insultos como "putas" o frases como "nomás sirves para coger".
Observaciones durante varios días revelaron que los retrasos en el inicio de audiencias propician que víctimas e imputados compartan espacios por períodos prolongados. La audiencia de Rosa comenzó casi dos horas tarde porque la jueza no había llegado, tiempo durante el cual su agresor permaneció cerca sin intervención de seguridad.
- No hay presencia permanente de elementos de seguridad que mantengan separadas a víctimas y agresores
- Las mujeres acuden solas y son informadas del motivo de la diligencia solo cuando llega el personal del Ministerio Público
- Las denunciantes son expuestas en áreas donde circulan abogados, pasantes, otros acusados y víctimas
"Alcancé a ver cómo la gente que está detrás de nosotras se burla o hace muecas al escuchar lo que nos pasó y que lee la agente del Ministerio Público. Pensé que quizás era incorrecto haber denunciado y quería salirme del lugar", confesó Rosa.
Cifras alarmantes y respuestas contradictorias
Estas situaciones ocurren en un estado donde, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se abrieron 14,664 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar. La violencia intrafamiliar se concentra en áreas urbanas, con Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Ciudad Acuña acumulando 7,978 carpetas abiertas.
Las carpetas judicializadas por violencia familiar, donde las víctimas son mayoritariamente mujeres, se duplicaron en cinco años: de 1,500 en 2021 a 3,400 mensuales hasta febrero de 2026, según el presidente del Poder Judicial estatal, Miguel Felipe Mery Ayup. Sin embargo, pocos casos llegan a sentencia.
Cuestionado sobre las condiciones en juzgados especializados con perspectiva de género, Mery Ayup afirmó que existen capacitaciones y medidas de atención: "Debió de estar a un lado el agresor, y la víctima debió de estar protegida con un elemento de seguridad. No se ha presentado alguna situación de violencia... tomamos justo todas las medidas para proteger a todas las víctimas".
Activistas desmienten versión oficial
La activista Jackeline Campbell Dávila, acompañante de casos de violencia familiar, expone que la declaración del magistrado no corresponde a la realidad. Ella ha tenido que solicitar personalmente la presencia de seguridad para resguardar a mujeres denunciantes, y en una ocasión fue obligada a salir de la sala por un juez, dejando a la víctima sola y expuesta a agresiones verbales.
Lamont Martínez, exconsejera social del extinto Instituto Nacional de las Mujeres e integrante de Justicieras por Nuestras Infancias, relató un caso reciente en Torreón: "Durante una audiencia sobre violencia vicaria, estaba toda la familia del acusado intimidando a la víctima. Lo he visto muchas veces... la muchacha víctima estaba muy cerca de toda la familia agresora".
Ambas activistas coinciden en la necesidad urgente de que el Poder Judicial aplique protocolos de seguridad para víctimas o, en su defecto, los diseñe, especialmente cuando se trata de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. La revictimización institucional en Coahuila sigue siendo una realidad que contradice los discursos oficiales sobre protección y justicia con perspectiva de género.
