Un tribunal estatal en Nuevo México ha emitido una sentencia que obliga a la compañía tecnológica Meta a pagar una multa de 567 millones de dólares. Esta resolución se suma a una penalización anterior de 375 millones de dólares impuesta en marzo del mismo año, elevando significativamente el costo financiero para la matriz de Facebook debido a las acusaciones de haber expuesto a niños a actores malintencionados y contenido perjudicial.
Condiciones de la sentencia y limitaciones de tiempo
El juez responsable de la causa determinó que las plataformas de Meta causaron "molestias públicas" al no garantizar la seguridad adecuada para los usuarios menores de edad. Como parte integral de la condena, se imponen medidas correctivas que permanecerán vigentes durante un periodo de cinco años. Estas restricciones incluyen una limitación estricta del tiempo de uso acumulado en las cuentas de menores en Nuevo México, fijando un máximo de 90 horas mensuales combinadas entre Facebook e Instagram para individuos menores de 18 años.
Además de las restricciones técnicas, una porción significativa de los 567 millones de dólares deberá destinarse exclusivamente a financiar tratamientos de salud mental. Este desembolso económico se realizará mediante pagos fraccionados a lo largo de los cinco años establecidos en la sentencia, complementados por fondos destinados a programas de concientización y prevención para proteger a los usuarios en entornos digitales.
Antecedentes legales y acusaciones del fiscal general
La raíz de este conflicto legal se remonta a 2023, cuando el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda formal contra Meta. La acusación central sostenía que la empresa había violado la Ley de Prácticas Desleales al engañar a los consumidores sobre la seguridad real de sus productos dirigidos a menores. El jurado confirmó esta determinación en marzo, estableciendo que la corporación ocultó deliberadamente los riesgos asociados a su plataforma para jóvenes.
Durante el proceso legal, la fiscal Linda Singer detalló cómo los algoritmos diseñados por Meta dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes, exacerbando la exposición de los menores a peligros en línea. En un comunicado oficial tras la sentencia, Torrez enfatizó el propósito fundamental del caso: "proteger a los niños, defender a las familias y asegurar que las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueden lucrar con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes sin enfrentar consecuencias".
Reacción de Meta y contexto nacional
Frente a la imposición de la multa y las nuevas regulaciones, Meta emitió una declaración a través de la agencia AFP donde confirmó su desacuerdo con el fallo judicial. La compañía anunció su intención de apelar la decisión, aunque reconoció en su respuesta estar consciente de los desafíos complejos que enfrenta la industria para mantener seguras a las personas dentro de sus ecosistemas digitales.
Esta situación no es aislada; Estados Unidos está experimentando una oleada generalizada de demandas contra empresas de redes sociales relacionadas con impactos negativos en la salud mental de los niños. Actualmente, más de 30 estados estadounidenses mantienen acciones legales similares contra Meta, lo que podría derivar en un nuevo juicio en Oakland, California, previsto para agosto. Aunque estas resoluciones judiciales no tienen una aplicación legal directa en territorio mexicano, establecen precedentes internacionales que modifican los estándares globales de seguridad y aceleran cambios estructurales en las políticas de las plataformas tecnológicas.
