Washington, 2 jun (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic aplaudió este martes la orden ejecutiva firmada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que busca tener mayor control y testar nuevos modelos de lenguaje antes de que estén públicamente disponibles por razones de seguridad nacional.
Anthropic respalda la medida
La empresa, que se encuentra en medio de una disputa legal con el Pentágono, calificó la nueva orden de Trump como un "paso importante para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en IA". "Esperamos colaborar con la Casa Blanca para apoyar su aplicación", agregó Anthropic en una publicación en su cuenta de X.
Detalles de la orden ejecutiva
La medida, adelantada por distintos medios, afirma que la IA fortalece al país, pero introduce "nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo". Según la nueva orden, las empresas tecnológicas concederían voluntariamente al Gobierno un plazo de hasta 30 días para revisar aquellos nuevos modelos de IA, considerados "fronterizos" o disruptivos, antes de su lanzamiento al público.
Además, la orden también pide crear un "centro de intercambio de información sobre ciberseguridad" de IA, que revisaría las vulnerabilidades de seguridad descubiertas por los modelos de IA en cooperación con los operadores de infraestructuras clave.
Una regulación más laxa de lo esperado
Sin embargo, se considera que el texto, cuya firma canceló Trump en mayo para no intervenir en el desarrollo de la inteligencia artificial, es algo más laxo en lo que se refiere a las obligaciones de gigantes como Anthropic, Google o OpenAI. La orden ejecutiva de hoy supone una primera regulación del Gobierno Trump que rompe con la política de no intervención que hasta ahora había planteado para con el sector de la IA.
Disputa legal entre Anthropic y el Pentágono
En paralelo, la disputa legal entre Anthropic y el Departamento de Guerra se encuentra en una fase preliminar de litigio en tribunales federales, con solicitudes de ambas partes para definir el alcance de la divulgación de información técnica. El caso se trata de una acusación de la empresa contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por falencias éticas en el uso de sus herramientas de inteligencia artificial en operaciones bélicas.
