Gobierno de Guerrero acusa a ONG Tlachinollan de reclutar jornaleros migrantes
El secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos, ha realizado graves acusaciones contra el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmando que esta organización mantiene una "especie de reclutamiento" de jornaleros agrícolas migrantes. Estas declaraciones han generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, que defienden la labor histórica de Tlachinollan y responsabilizan al gobierno estatal del abandono estructural de las comunidades más marginadas.
Las acusaciones oficiales y la respuesta de las organizaciones
En una entrevista publicada por el diario El Sur el 10 de febrero, el funcionario estatal fijó su postura respecto a un informe presentado por Tlachinollan la semana pasada, que documenta que 13,036 jornaleros agrícolas de los municipios más pobres de la Montaña emigraron al norte del país durante 2025, casi dos mil más que en el año anterior. Omar Estrada Bustos manifestó textualmente: "No existe este tema de coordinación o de una colaboración que permita justamente tener seguimiento puntual de quiénes son las empresas que contratan a los jornaleros que vincula Tlachinollan".
Sin embargo, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, junto a múltiples organizaciones nacionales e internacionales, ha respondido con firmeza a estas acusaciones. En un comunicado conjunto, señalan que las afirmaciones del secretario no solo son imprecisas, sino que desvirtúan y deslegitiman el trabajo histórico de Tlachinollan, una organización con más de tres décadas de acompañamiento a comunidades indígenas frente al abandono institucional, la violencia estructural y la vulneración sistemática de sus derechos.
El registro migratorio y las condiciones de vulnerabilidad
El registro de jornaleros migrantes fue realizado por el área de Fortalecimiento Comunitario de Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, documentando a quienes salieron desde la Casa del Jornalero o Unidad de Servicios Integrales de Tlapa. Este organismo además denunció cuatro asaltos con violencia a autobuses de jornaleros y extorsiones por parte de delincuentes durante sus trayectos migratorios.
Las organizaciones civiles destacan que este registro se hace público y se comparte con instituciones, aportando información clave sobre:
- Trayectorias migratorias de las familias jornaleras
- Migración de niñas, niños y adolescentes
- Acceso a programas sociales gubernamentales
Según la Red Nacional de Jornaleros, "este registro es único en la región e incluso más detallado que las plataformas públicas existentes", y en su elaboración, Tlachinollan no actúa como intermediario laboral, sino que registra, documenta y acompaña a las familias jornaleras en su difícil proceso migratorio.
El abandono institucional y las demandas de las organizaciones
Las organizaciones firmantes del comunicado señalan que resulta especialmente preocupante que se intente responsabilizar a una organización de la sociedad civil por problemáticas que tienen su origen en la falta de atención estructural de las autoridades. Denuncian que la Comisión Intersecretarial de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes no funciona en la práctica, pese a haber presentado algunas iniciativas en noviembre de 2025.
El apoyo del gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, se ha limitado -según las organizaciones- de manera insuficiente a:
- Entrega de proyectos productivos ocasionales
- Distribución esporádica de despensas
Sin una política con enfoque de derechos que atienda las causas estructurales de la migración interna y el abandono histórico de las comunidades de la Montaña. "No ha habido una respuesta efectiva que atienda la situación de la población jornalera agrícola", acusan las organizaciones, "ni se han establecido mecanismos desde la Secretaría del Trabajo a nivel local para regular, supervisar o sancionar a las empresas que ofrecen empleo fuera del marco legal".
Las condiciones de explotación y las peticiones al gobierno
Ante la falta de oportunidades, muchas familias jornaleras se ven obligadas a aceptar empleos que se ofrecen en espacios como la USI y trabajar en condiciones indignas que vulneran sus derechos fundamentales. Estas familias continúan migrando en condiciones de extrema vulnerabilidad, enfrentando:
- Extorsiones por parte del crimen organizado
- Abusos de policías municipales y estatales
- Condiciones de explotación laboral en los campos agrícolas
Las organizaciones piden al gobierno de Guerrero:
- Cesar los señalamientos contra organizaciones de derechos humanos
- Coordinar acciones con las organizaciones y comunidades afectadas
- Fortalecer sistemas de inspección laboral y protección de jornaleros
- Rectificar públicamente que Tlachinollan es una organización de defensa de derechos humanos y no participa en reclutamiento laboral
Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran la Alianza Campo Justo (integrada por Oxfam México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación), la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes" (Red TDT), que agrupa a 88 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana.
