Un grupo de 17 de los 38 becarios que cursan estudios de posgrado en la Queen Mary University of London, en Reino Unido, obtuvo suspensiones provisionales y definitivas que ordenan a la Fundación Politécnico A.C. reanudar el pago de apoyos económicos, con el respaldo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Notificación de suspensión temporal
El organismo informó que el pasado 23 de marzo las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibieron una notificación por correo electrónico en la que se les informó sobre la suspensión “temporal” de los recursos destinados al pago de colegiaturas, manutención y seguro médico, sin precisar fechas, duración ni condiciones para su reanudación.
Las personas becadas entraron en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad económica mientras continúan sus estudios, por lo que, al conocer el caso, el IFDP ofreció orientación jurídica y, desde abril de este año, comenzó a representar a 17 de los 38 becarios.
Juicios de amparo presentados
“Se realizó la promoción de juicios de amparo indirecto ante diversos Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el objetivo de salvaguardar su derecho a la educación y evitar afectaciones irreparables a su formación académica”, explicó el IFDP.
El resultado fue la obtención de suspensiones provisionales y definitivas para que las personas afectadas reciban las colegiaturas, manutención y demás apoyos previstos en el programa académico desarrollado entre el IPN, la Fundación Politécnico A.C. y la Queen Mary University of London.
Resoluciones judiciales favorables
En las resoluciones, los jueces federales ordenaron preservar las condiciones que permitan a los becarios continuar sus estudios de maestría y doctorado mientras se resuelve el fondo de los juicios de amparo promovidos.
El IFDP indicó que permanecerá atento al cumplimiento de las suspensiones concedidas por las autoridades jurisdiccionales federales y dará seguimiento puntual a cada uno de los asuntos para garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios en condiciones de dignidad, certeza y seguridad jurídica.
