Denuncian red de extorsión en SEP: exigen pagos de hasta 38 mil pesos por empleos
Red de extorsión en SEP: pagos de 38 mil pesos por empleos

Denuncian presunta red de extorsión y cobros indebidos en área de Materiales Educativos de la SEP

Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han presentado una denuncia documentada ante medios de comunicación, acusando a Marx Arriaga, extitular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), y a Sady Arturo Loaiza Escalona, su entonces director de Desarrollo e Innovación, de presuntos actos de corrupción, abuso de poder y extorsión.

Exigencias de pagos bancarios por empleos

Según la denuncia, desde las oficinas de la DGME se solicitaban depósitos bancarios por diversas cantidades, en algunos casos hasta 38 mil pesos, como condición para obtener o conservar un puesto de trabajo. Los testimonios indican que estos pagos eran justificados como parte de una supuesta “lucha” o “proyecto”, y se les indicaba realizar los depósitos bajo el argumento de que “donde manda capitán no gobierna marinero”.

Evidencias y amenazas documentadas

Los trabajadores aseguran contar con copias de comprobantes de depósitos y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que presuntamente Loaiza y personas de su confianza solicitaban dinero. Acusan que, si no cumplían con los pagos, eran amenazados con la baja laboral o con no recibir el puesto solicitado. En la denuncia, presentada ante el Órgano Interno de Control de la SEP, también se acusa a ambos funcionarios de:

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  • Confabularse para realizar actos de corrupción
  • Ejercer violencia verbal y laboral contra quienes se negaban a entregar dinero
  • Señalar como “neoliberales” a quienes cuestionaban las instrucciones
  • Aislar de funciones habituales o enviar a laborar a bodegas fuera de la ciudad

Consecuencias para los trabajadores

Los denunciantes sostienen que algunos trabajadores que sí realizaron los pagos perdieron posteriormente su empleo tras la salida de Loaiza en medio de las indagaciones internas. Además, acusan que se les obligaba a realizar tareas fuera de norma e incluso a regresar parte de sus ingresos al área administrativa. El documento también menciona a presuntos “aviadores” y señala que las prácticas descritas habrían provocado afectaciones físicas, mentales y financieras a varios servidores públicos.

Posición de los denunciantes

“Qué bueno que se vaya a hacer ‘su lucha’ a la calle, pero sin nuestro dinero”, expresan los denunciantes en el escrito, donde advierten que, pese a las amenazas, estarían dispuestos a hacer públicas sus identidades si fuera necesario. Hasta el momento, las personas señaladas no han emitido una postura pública respecto a las acusaciones.

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