La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha generado controversia al adelantar el fin del ciclo escolar 2024-2025, una decisión que, según expertos en derecho educativo, viola la Ley General de Educación. El calendario oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que las clases concluirán el 16 de julio de 2025, pero la SEP instruyó a las escuelas a terminar actividades el 30 de junio, dos semanas antes de lo estipulado.
Fundamento legal ignorado
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Educación, cualquier modificación al calendario escolar debe ser aprobada por el Congreso de la Unión. Sin embargo, la SEP realizó el cambio sin consultar al Poder Legislativo, lo que ha sido calificado como una ilegalidad por parte de organizaciones civiles y especialistas. “La SEP está actuando fuera de la ley al no seguir el procedimiento establecido”, señaló un abogado especializado en derecho educativo.
Reacciones de la comunidad educativa
La decisión ha provocado malestar entre padres de familia y maestros, quienes consideran que el adelanto afecta el cumplimiento de los planes de estudio. “Los alumnos perderán contenido educativo importante”, comentó un profesor de secundaria. Además, sindicatos magisteriales han anunciado que impugnarán la medida ante instancias judiciales.
Por su parte, la SEP argumenta que el ajuste responde a necesidades administrativas y de optimización de recursos, pero no ha presentado una justificación legal sólida. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido un comunicado oficial sobre las críticas.
Antecedentes de controversias
No es la primera vez que la SEP enfrenta cuestionamientos por cambios unilaterales en el calendario. En 2023, una modificación similar generó protestas, aunque en aquella ocasión se logró un acuerdo con el Congreso. Esta vez, el contexto es más tenso debido a la cercanía del proceso electoral.
Expertos advierten que, si la SEP no rectifica, podría enfrentar sanciones legales y un desgaste en su relación con la comunidad educativa. Mientras tanto, miles de estudiantes y docentes se preparan para un cierre de ciclo anticipado que, para muchos, es ilegal.
