La advertencia: ceder o ir a prisión
En el corredor turístico de Nayarit, donde un metro cuadrado frente al océano puede comercializarse por miles de dólares, la posesión de la tierra se ha vuelto un arma de doble filo. Para decenas de familias campesinas, el valor del suelo costero dejó de ser una oportunidad para convertirse en una amenaza que las ha llevado tras las rejas.
Siete núcleos agrarios acusan al gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero de utilizar la Fiscalía estatal, el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y a operadores judiciales como instrumento de presión para arrebatarles predios que ocupan desde hace décadas. La disyuntiva que les plantean es clara: entregar los derechos o enfrentar una carpeta penal que termine en prisión.
Algunos testimonios recogidos por Grupo Imagen relatan que los operativos de detención se ejecutan por "órdenes de los de arriba", con lo que, según los afectados, se pasan "por el arco del triunfo las leyes" y los derechos humanos de las víctimas.
Voces bajo reserva
Excélsior, a través de Grupo Imagen, obtuvo declaraciones de campesinos, comerciantes y familiares de personas sujetas a procesos penales en distintas localidades del corredor de Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit. Las entrevistas se realizaron en Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y Compostela, así como entre personas ligadas a los conflictos recientes en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita.
La totalidad de los entrevistados pidió mantener su identidad en anonimato. Algunos estuvieron privados de su libertad; otros afirmaron haber recibido amenazas de policías y funcionarios si hacían públicas sus quejas. Para proteger su seguridad y la de sus familias, el reportaje utiliza nombres ficticios.
El caso de Rincón de Guayabitos
Apolinio Guzmán Franco conserva documentación agraria que, según él, demuestra la posesión familiar de un terreno en Rincón de Guayabitos desde hace más de 60 años. El predio tiene vista al mar, árboles frutales y viviendas antiguas. Su padre, narra, fue arrestado en tres ocasiones; en cada una le exigieron ceder los derechos. Siempre recuperó la libertad porque las autoridades no comprobaron que la familia hubiera recibido indemnización.
El incidente más severo sucedió el 17 de abril de 2026. Pasadas las dos de la tarde, más de 20 elementos policiacos y personal vinculado al FIBBA ingresaron al terreno. La familia asegura que no exhibieron orden de cateo, mandamiento de captura ni autorización escrita. Fueron detenidas cuatro personas: dos hermanos, un joven de 19 años y un trabajador. Durante horas, los familiares desconocieron su paradero. Guzmán Franco señala que los detenidos no aparecieron de inmediato en los registros y que los defensores no lograron entrevistarlos. Dos de ellos, añade, presentaban lesiones asentadas en la carpeta de investigación. Estuvieron cerca de tres meses encarcelados, hasta que resoluciones federales les permitieron continuar el proceso en libertad.
La versión oficial del operativo
La fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, ofreció otra versión. Indicó que los cuatro detenidos fueron acusados de despojo, amenazas y agresiones. Aseguró que el terreno, de unas 10 hectáreas, es propiedad del FIBBA, que la construcción era de reciente creación y que los detenidos reaccionaron violentamente durante una inspección. También argumentó que las constancias de posesión no equivalen a escrituras y mencionó la posibilidad de un fraude.
No obstante, Grupo Imagen verificó que la construcción del inmueble data de hace más de 30 años. La disputa sobre la propiedad y la legalidad del operativo permanece abierta.
Un conflicto que viene de 1970
El origen del pleito se remonta a hace más de medio siglo. En 1970, un decreto expropió 4 mil 136 hectáreas de ocho ejidos de Nayarit: La Jarretadera, Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca, Sayulita, Peñita de Jaltemba, Las Varas y El Capomo. Tres años después, la reforma de 1973 mantuvo el fideicomiso y dispuso que los campesinos recibieran indemnizaciones, utilidades y ganancias derivadas del desarrollo turístico.
Los entrevistados sostienen que en siete de esos núcleos hay familias que nunca cobraron la compensación completa y conservaron la posesión de sus parcelas. Para ellos, la expropiación no se consumó respecto a quienes no fueron pagados. En contraste, el gobierno estatal insiste en que recupera bienes públicos que fueron vendidos, transferidos u ocupados de manera irregular; incluso ha llegado a afirmar que algunos predios provienen del crimen organizado.
El Megaoperativo Nuevo Nayarit
Bajo esa narrativa, la administración de Navarro Quintero y autoridades federales informaron en noviembre de 2025 la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de superficie, con un valor estimado en 50 mil millones de pesos, como parte del llamado "Megaoperativo Nuevo Nayarit". La pesquisa oficial apunta a presuntas operaciones fraudulentas de administraciones anteriores, pero no ofrece respuesta a las familias que exhiben certificados agrarios, constancias antiguas, viviendas, cultivos y décadas de ocupación.
Tampoco explica por qué varios procedimientos de naturaleza civil o agraria terminan convertidos en causas penales con prisión preventiva. Según los testimonios, el esquema es reiterado: llegan funcionarios o policías, desconocen los documentos de los ocupantes y abren una carpeta por despojo contra quienes se hallan dentro del predio.
Historias de miedo y silencio
José Ponce, campesino de La Peñita de Jaltemba, asegura que vive escondido. Su familia poseía cerca de 25 hectáreas; hoy, calcula, apenas conserva unas 10. Dice que su casa está vigilada y evita acercarse por temor a ser detenido. Rechaza cualquier vínculo con el crimen organizado y enseña documentos que atribuye a la dotación original del ejido. "No nos quieren pagar. Pedimos que delimiten y reconozcan la propiedad", reclama.
Ramón Maldonado, otro ejidatario, recuerda un caso distinto: una familia fue desalojada cuando una vivienda fue derribada de madrugada mientras dormían. Días después, el dueño de un tractor fue trasladado a Tepic; salió el mismo día, pero sus parientes no hallaron ninguna carpeta que justificara su detención. "La gente prefiere callarse. Dicen que vale más la vida", comenta.
Manuel González, productor de piña y guanábana, cuenta que su padre rechazó una indemnización porque era menor a lo que obtendría con una cosecha de plátano. La familia siguió en la parcela y ahora pide apertura al diálogo. "Nos quitan la fuente de trabajo. Nadie nos ha llamado para revisar documentos; todo ha sido presión", denuncia.
Cuánto vale la tierra en disputa
El valor de los terrenos costeros explica por qué la confrontación es tan intensa. Un ejidatario calcula que en las zonas hoteleras el metro cuadrado se transa entre 2 mil y 2 mil 500 dólares. Para una familia campesina, una fracción heredada significa vivienda y sustento; para una desarrolladora inmobiliaria, la misma porción puede representar cientos de millones de pesos.
El gobierno estatal dice que no despoja a campesinos, sino que rescata patrimonio público que exfuncionarios y particulares obtuvieron ilegalmente. La indagatoria abarca bienes, cuentas y notarías ligadas a gobiernos previos. La ofensiva anticorrupción merece investigación, pero ningún propósito de saneamiento patrimonial justifica arrestos sin control judicial, incomunicación, lesiones, amenazas o el uso del proceso penal para negociar. Cada señalamiento requiere pruebas y una revisión imparcial.
Denuncias acumuladas desde diciembre
Desde diciembre de 2025, los ejidatarios han documentado quejas similares de propietarios, empresarios y abogados, quienes denuncian el empleo de carpetas de investigación, aseguramientos de bienes y prisión preventiva como herramientas para intervenir inmuebles incluidos en la estrategia patrimonial del gobierno estatal.
Las autoridades niegan que estas acciones sean despojos y afirman que buscan recuperar bienes públicos. En enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que quienes se consideren víctimas de abusos pueden interponer amparos o denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR). Pero los afectados sostienen que en Nayarit esa vía no ofrece garantías por la injerencia del Poder Ejecutivo local en decisiones de algunos jueces.
Para ellos, la ruta federal es insuficiente si las autoridades estatales controlan la indagación inicial, ejecutan los operativos y piden medidas cautelares que pueden dejarlos meses en prisión. La demanda concreta es que una instancia federal revise predio por predio, establezca quién fue indemnizado, compare certificados agrarios, escrituras, decretos y decisiones judiciales, y separe las compras fraudulentas de los derechos legítimos. También exigen garantías para declarar sin riesgo de detención.
La disputa que se mide en vidas
En Bahía de Banderas y la costa de Compostela, el conflicto ya no se dimensiona únicamente en hectáreas. Se mide en casas abandonadas, cosechas perdidas, familias separadas y voces que utilizan nombres prestados para hablar.
Mientras el gobierno de Navarro Quintero presenta sus acciones como una lucha contra la corrupción y por el patrimonio público, los ejidatarios describen una realidad paralela: un Estado que transforma los conflictos territoriales en procesos penales, amenazas y encarcelamiento.
La disyuntiva para los afectados no deja margen: entregar sus predios o arriesgar su libertad. Aseguran que algunas tierras acaban en manos de inversionistas extranjeros, mediante pagos en efectivo y dólares, una acusación que hasta ahora demanda una investigación independiente y transparente.
