Costa Rica se ha posicionado como un referente en movilidad eléctrica en la región, gracias a leyes específicas e incentivos para este tipo de vehículos. Cada vez son más los automóviles eléctricos que circulan por el país, lo que contribuye a reducir los costos económicos y la huella ambiental derivados del alto consumo de combustibles fósiles en el sector transporte.
El transporte: principal fuente de emisiones
Según datos oficiales, el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica, representando más del 40 % del total. El país, con 5,1 millones de habitantes, cuenta con una flota vehicular de 3,19 millones de unidades, y los embotellamientos son una constante, especialmente en las zonas urbanas.
Crecimiento exponencial de vehículos eléctricos
De acuerdo con la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), en 2025 había 34.307 vehículos eléctricos registrados en el país. La proyección para 2026 es que esta cifra alcance los 47.672, con la inscripción de 13.385 unidades nuevas, lo que representaría el mayor incremento anual desde la llegada de esta tecnología a Costa Rica en 2010.
En 2025, el 16 % de los vehículos nuevos que ingresaron al país fueron eléctricos, y en lo que va de 2026, este porcentaje ronda el 20 %, según datos de Asomove.
Pionero en América
Silvia Rojas, directora de Asomove, declaró a EFE: “Costa Rica es pionero no solo a nivel de América Latina, sino de las Américas. El año pasado tuvo el ingreso (de vehículos eléctricos) más alto de toda América y este año va ganando Uruguay (con cerca del 25 % del total de vehículos nuevos) que tiene un paquete de incentivos muy bueno y ha trabajado muy bien la infraestructura de carga”.
Políticas ambientales y meta de carbono neutralidad
El país es reconocido por sus políticas ambientales y por producir más del 95 % de su electricidad con fuentes limpias. Su meta es convertirse en una nación carbono neutral para el año 2050, y la movilidad eléctrica es un eslabón clave para alcanzar este objetivo.
En 2018 entró en vigor la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, que ha otorgado exenciones fiscales en la importación y venta de estos vehículos, así como beneficios adicionales para los propietarios, como una respuesta ambiental al problema de las emisiones del transporte.
Impacto de la ley y crecimiento del mercado
Rojas señaló que esta ley ha sido “pionera” a nivel continental y ha servido de ejemplo para otros países latinoamericanos que están apostando fuertemente por esta tecnología. Explicó que las ventas comenzaron a crecer a partir de 2018 y, desde 2023, con la llegada de más marcas y modelos, se ha dado un nuevo impulso debido a la competencia y la reducción de precios.
“Hoy un vehículo eléctrico es igual de accesible que uno de combustión e incluso más barato a la hora de la compra, y haciendo los números de años posteriores, se le suman más ahorros”, afirmó Rojas. Destacó que cada vez más empresas están renovando sus flotillas de carga con tecnología eléctrica, no solo por responsabilidad ambiental, sino también por rentabilidad.
Transporte público también se electrifica
El transporte público se ha sumado a esta transformación. Un ejemplo es la empresa que opera la ruta urbana entre San José y La Uruca, que para 2026 prevé que toda su flotilla de 35 autobuses sea eléctrica.
Desafíos en infraestructura de carga
Uno de los principales retos es la infraestructura de cargadores públicos, cuya instalación no ha avanzado al mismo ritmo que el crecimiento de la flota eléctrica. Actualmente, hay 57 estaciones de carga rápida en las carreteras del país, instaladas por las empresas distribuidoras de electricidad. Sin embargo, existe una iniciativa de ley que busca permitir que empresas privadas también puedan instalar estos cargadores.
Además, el país cuenta con una red de aproximadamente 400 cargadores de menor capacidad en centros comerciales, bancos, instituciones y otros comercios, a lo que se suman los cargadores domésticos que los propietarios pueden instalar en sus hogares.
