El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, ha puesto en marcha una regularización extraordinaria que podría otorgar estatus legal a un número récord de migrantes en situación irregular. Hasta el 30 de junio de 2026, se registraron casi 1.2 millones de solicitudes, dos tercios de las cuales provienen de personas de América Latina, según cifras difundidas el 2 de julio por el ejecutivo.
Detalles del plan de regularización
Formalizada en enero mediante el Real Decreto 316/2026, la medida ofrece permisos de residencia y trabajo de un año a los migrantes en situación irregular presentes en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada y no tener antecedentes penales. Durante el plazo establecido, que transcurrió entre mediados de abril y el 30 de junio, se presentaron 1,174,978 solicitudes, de las cuales más de 600,000 ya fueron tramitadas, indicó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una rueda de prensa en Madrid. Esta cifra duplica la previsión inicial del gobierno, que rondaba las 500,000.
Perfil de los solicitantes
Dos tercios (67%) de los solicitantes son originarios de América Latina y cerca de una cuarta parte de África (22.9%). El perfil es relativamente joven: 8 de cada 10 tienen menos de 45 años, y mayormente masculino (57%). Colombia es el país de origen más representado (25.9%), por delante de Marruecos (13.3%), Venezuela (11.8%) y Perú (8.8%). Las autoridades disponen de tres meses para tramitar las solicitudes y conceder o no un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España.
Contexto migratorio en España
Los inmigrantes, independientemente de su situación, representaban un 20.3% de la población española en enero de 2026, una cifra récord que supera los 10 millones de personas. Según un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), “ante esta realidad, el Gobierno ha planteado la nueva medida de regularización no solo como una respuesta a cuestiones de gobernanza, fiscales y del mercado laboral, sino también en términos de derechos y protección de los trabajadores”.
Latinoamérica en dirección contraria
Mientras España avanza con la regularización, iniciativas similares en la región para hacer frente al desplazamiento desde Venezuela iniciado en 2015 han finalizado o ya no admiten nuevos solicitantes. Por ejemplo, el gobierno de Chile, encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast, suspendió un decreto de regularización que habría beneficiado a unas 182,000 personas, la mayoría venezolanas. Perú declaró el estado de emergencia fronteriza cuando los venezolanos huían de Chile, y Ecuador ha seguido una tendencia igualmente restrictiva.
Beneficios económicos y fiscales
El gobierno español considera que la regularización es necesaria y políticamente viable. “La medida no creó una nueva población, sino que reconoció que ya existía una integrada en la economía española, que pagaba alquiler, consumía servicios y trabajaba en condiciones informales que solían perjudicar tanto al Estado como a los trabajadores”, señala el análisis del MPI. Economistas citados por el MPI indican que, basándose en procesos de regularización pasados, la medida podría reportar aproximadamente 2,500 millones de euros al año durante cinco años en concepto de impuesto sobre la renta y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone un beneficio fiscal neto directo de unos 4,900 euros anuales por cada migrante regularizado.
Impacto en seguridad
La seguridad también se puede beneficiar de este tipo de medidas. “Regularizar a los migrantes significa que el gobierno sabe quiénes son, dónde viven y a qué se dedican, lo que contribuye a la seguridad pública”, indica el informe del MPI. España exige a los solicitantes presentar certificados de antecedentes penales de sus países de residencia anteriores, lo que permite descartar y potencialmente expulsar a aquellos que pudieran suponer una amenaza para la seguridad.
Oportunidad para Latinoamérica
La regularización en España puede ser una oportunidad estratégica para los países latinoamericanos. A largo plazo, es probable que España siga necesitando nuevos trabajadores del extranjero. Uno de cada cinco españoles tenía 65 años o más en 2024, el sistema de pensiones está bajo presión estructural y la población activa requiere una reposición sostenida. “La regularización de 2026 puede dar un respiro a España, pero es poco probable que resuelva la aritmética demográfica subyacente. Pronto, la pregunta será de dónde vendrá la próxima cohorte”, indica el MPI.
Tras haber regularizado a la población anteriormente en situación irregular y operando ahora bajo un régimen de la UE más estricto, España tendrá incentivos para establecer vías legales de trabajo con los países de origen. Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Honduras tienen acuerdos activos de migración laboral con España, pero la contratación en origen sigue siendo limitada. Para impulsar esta migración, los responsables políticos deberán definir sectores prioritarios con escasez de mano de obra, agilizar la certificación de competencias, aclarar parámetros contractuales y reducir trabas administrativas que hacen que las vías irregulares resulten más rápidas y baratas que las legales.
