El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a los extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país sudamericano. La medida, publicada hacia la medianoche del miércoles, debe ser revisada por el Congreso, pero ya genera críticas por su falta de claridad y el riesgo de discrecionalidad.
Los detalles del decreto
La nueva normativa prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en estas conductas. Según el texto, las sanciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último". También incluye "haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso".
Sin embargo, el decreto no especifica qué se considera "discurso de odio", cómo se detectará ni quién decidirá las sanciones. "El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es", dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios", agregó.
Contexto político y la supuesta campaña antiargentina
Milei resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas. Afirmó que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas viralizadas en redes sociales durante el Mundial de fútbol. Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración, con igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para residentes extranjeros, derechos que están garantizados por la Constitución.
El presidente derechista, que buscará la reelección en 2027, "trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población", explicó a la AFP el politólogo Iván Schuliaquer, investigador de la Universidad de San Martín. "Milei aprovecha un clima de la sociedad para sacar crédito de algo que en general no ha estado en su proyecto político", señaló el experto. Schuliaquer destacó la contradicción: "Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión".
Discrecionalidad y posibles abusos
El texto del decreto aclara que "en ningún caso" las sanciones pueden aplicarse para "aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente". Sin embargo, los expertos consideran que la falta de definiciones claras abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. "No especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos", reiteró Galoppo.
Además, la eventual cancelación de la residencia "conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional", según el decreto. Esta medida se suma a una serie de acciones de Milei que han generado tensiones diplomáticas, como su participación en un mitin opositor en Brasil donde llamó "ladrón" y "presidiario" al presidente Lula da Silva.
Reacciones y contradicciones del gobierno
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos: a la prensa la llama "ensobrada" (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de "mandriles", "inmundos" o "parásitos mentales". Schuliaquer señaló: "Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando de quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina".
El decreto está vigente desde su publicación, pero el Congreso debe avalar su validez en un plazo que aún no se ha definido. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y expertos legales advierten sobre los riesgos de una aplicación discrecional que podría afectar la libertad de expresión y los derechos de los migrantes en Argentina.
