Tres ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, fueron expulsados este domingo de Perú y enviados a Caracas a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú. La operación partió del aeropuerto militar del puerto del Callao, vecino a la capital, según informó el gobierno peruano.
Los expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, conocido con el alias «Catire»; Rodismel Alcántara y Rafael Sorrilla. De acuerdo con las autoridades, los tres habían concluido condenas en Perú por delitos vinculados con la criminalidad organizada. Los sujetos fueron trasladados esposados hasta la capital venezolana en un operativo de alta seguridad.
«Se está produciendo la expulsión de tres criminales venezolanos de alta peligrosidad pertenecientes al Tren de Aragua, uno particularmente autor de cosas horribles», declaró a los medios presentes el canciller Carlos Espá. Sus palabras fueron el primer pronunciamiento oficial de una jornada en la que el gobierno peruano quiso mostrar firmeza frente a las organizaciones delictivas transnacionales.
Más expulsiones en los próximos días
El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el gobierno tiene previsto continuar con estas medidas. «Tenemos para deportar a más de estos indeseables», afirmó a la prensa. Astudillo no precisó el número exacto de ciudadanos venezolanos que serán expulsados en las próximas semanas, pero reconoció que los operativos se realizarán de manera coordinada con otras dependencias.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó que la acción se enmarca en los lineamientos ordenados por la presidenta para que las Fuerzas Armadas colaboren en la lucha contra la inseguridad ciudadana. «Esta es una operación que se hace en el estricto cumplimiento de los lineamientos que ha ordenado la presidenta en cuanto a la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana», detalló Belaúnde. El titular de Defensa añadió que los militares custodiarán las fronteras «para evitar que vuelvan a ingresar» los expulsados o cualquier otro delincuente que intente burlar los controles migratorios.
La crisis de seguridad que azota al país
Las expulsiones ocurren en un contexto de grave crisis de seguridad en Perú, la peor desde el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. En su discurso de investidura, la presidenta Keiko Fujimori anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, el narcotráfico y la minería ilegal. Esta medida ha sido vista como un giro en la estrategia de seguridad peruana, que hasta ahora había estado concentrada en las fuerzas policiales.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: los homicidios pasaron de 1,000 en 2018 a 2,600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpean a los peruanos, se dispararon de 3,200 a 26,500 en el mismo periodo. La ola de criminalidad ha generado un fuerte malestar social y presiona al Ejecutivo para que adopte soluciones de mayor alcance.
El Tren de Aragua, una amenaza regional
El Tren de Aragua es una organización criminal originada en 2014 en el estado venezolano del mismo nombre. Designada como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, la banda ha extendido su presencia a al menos ocho países sudamericanos, según informes de inteligencia. Las autoridades la acusan de cometer trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión, delitos que han sembrado el miedo en varias ciudades de la región.
Impacto migratorio y política de expulsiones
Perú ha recibido en los últimos seis años a 1.6 millones de venezolanos que huyeron de su país, según cifras oficiales. Aunque la gran mayoría son migrantes que buscan mejores oportunidades, la presencia de integrantes del Tren de Aragua ha llevado a las autoridades a reforzar los controles migratorios y a acelerar los procesos de deportación. La política de expulsiones, anunciada como parte del combate a la inseguridad, busca dar una respuesta contundente a la ciudadanía y, al mismo tiempo, desarticular las redes criminales que operan en territorio peruano.
