El gobierno de Estados Unidos, mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido una alerta dirigida a las instituciones financieras para que denuncien actividades sospechosas relacionadas con la contratación de trabajadores migrantes indocumentados. Esta medida busca proteger la integridad del sistema financiero y prevenir fraudes asociados al empleo ilegal.
Alerta financiera y medidas de detección
El aviso de FinCEN incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a bancos y otras entidades a identificar esquemas de fraude vinculados con la contratación ilegal de inmigrantes. Se solicita que, al reportar actividades sospechosas, se utilice la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo 2 del Informe de Actividad Sospechosa (SAR) y en la descripción correspondiente.
Además, se insta a las instituciones a denunciar a los empleadores que exploten a trabajadores no autorizados mediante el formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o llamando al número 866-347-2423. La recomendación también señala que el Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) debe considerarse como un posible factor de riesgo en los procesos de debida diligencia.
Riesgos asociados al ITIN
Cuando se presenta un ITIN en lugar de un número de Seguro Social o un documento válido de autorización de empleo para abrir cuentas o solicitar crédito, los bancos deben evaluar si esto constituye un indicador relevante dentro de sus procedimientos de debida diligencia. Esta práctica puede estar vinculada a esquemas de fraude laboral.
Fraude y explotación laboral
Según FinCEN, los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal para acceder a empleo, salarios ilegales, beneficios médicos y servicios financieros. Por su parte, los empleadores cómplices recurren a esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros con salarios bajos, evadir impuestos y evitar prestaciones por accidentes laborales.
En 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con fraudes fiscales en la nómina, lo que subraya la magnitud del problema y la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y reporte.
