Estados Unidos ha puesto bajo la lupa a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos militantes de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, respectivamente. La información fue revelada por el diario Los Angeles Times en colaboración con Puente News Collaborative.
Investigación de Estados Unidos contra gobernadores de Morena
De acuerdo con el reportaje, a ambos mandatarios se les revocó la visa en medio de investigaciones penales, pero se les ha otorgado un permiso especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”. Este programa permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes en su contra o en contra de terceros.
La investigación contra Durazo se centra en sus presuntos lazos con el crimen organizado, mientras que la de Villarreal apunta al contrabando de combustible. Estos casos se suman a la ofensiva judicial estadounidense contra gobernadores de Morena, luego de que en abril el Departamento de Justicia acusara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Detalles de la investigación periodística
Un gran jurado en Nueva York emitió la acusación contra Rocha Moya y se solicitó su extradición, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales. Según la investigación, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo este programa especial. Villarreal también cuenta con el permiso y, según los reporteros, “cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”.
El programa “Significant Public Benefit Parole” permite a individuos colaborar con la seguridad pública y testificar ante un gran jurado, incluso si enfrentan investigaciones o cargos pendientes.
Reacciones de los gobernadores
Américo Villarreal calificó de falsas todas las acusaciones en su contra. Por su parte, una vocera del gobierno de Alfonso Durazo rechazó la información publicada por el LA Times, asegurando que el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses.
La investigación periodística señala que cuando el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió en mayo con la presidenta Claudia Sheinbaum, le transmitió que Washington esperaba la extradición de Rocha Moya. Sheinbaum respondió que el destino del gobernador se determinaría en México y advirtió que acusaciones adicionales contra otros personajes políticos serían consideradas interferencia política en los asuntos internos del país.
