La Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó nuevamente contra la construcción del salón de baile en la Casa Blanca, ordenando una pausa inmediata en los trabajos. Este fallo judicial confirma que la remodelación estructural no puede proceder sin la autorización explícita del Congreso de Estados Unidos, marcando un nuevo punto de inflexión en la disputa legal entre la administración de Donald Trump y las instituciones judiciales.
Fallo judicial exige aprobación legislativa
En una resolución emitida con un voto de dos a uno, la corte de apelaciones reafirmó la postura de un tribunal inferior al establecer que el presidente actúa como un "inquilino temporal" de la residencia oficial y no como su propietario absoluto. La sentencia subraya que ninguna remodelación de tal magnitud puede iniciarse bajo la autoridad exclusiva del ejecutivo sin el consentimiento legislativo correspondiente.
El tribunal aclaró que esta decisión no evalúa la pertinencia o utilidad del proyecto en sí, sino que se centra estrictamente en la falta de aval congressional para iniciar las obras. Según la corte, el gobierno carece de una "autoridad ilimitada" para rediseñar, remodelar o reconstruir la Casa Blanca, definida en el fallo como "la casa del pueblo", simplemente para satisfacer los deseos personales de un mandatario.
Reacción de Trump y amenaza de seguridad nacional
Donald Trump respondió con firmeza al veredicto, calificando la medida de "horrenda, motivada políticamente e ilegal". A través de una extensa publicación en redes sociales, el presidente anunció su intención de apelar inmediatamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, posicionando este litigio como el primer proyecto personal suyo en alcanzar el máximo tribunal judicial del país.
En otra intervención pública, Trump argumentó que la interrupción de los trabajos, tras haber realizado y pagado gran parte de la construcción, constituye una "amenaza a la seguridad nacional del más alto nivel" y la describió como una "vergüenza nacional". El mandatario ha insistido en que el salón de baile es necesario para albergar galas oficiales y cenas en honor a mandatarios extranjeros, aunque también ha revelado que el diseño incluye un búnker militar subterráneo y otras medidas de seguridad avanzadas.
Escala del proyecto y costos financieros
Las obras comenzaron en octubre cuando se demolió un ala completa del edificio histórico para dar paso al salón, diseñado para recibir hasta mil personas. El presupuesto provisional del proyecto, financiado mediante donaciones privadas, ha experimentado un incremento significativo, pasando de los 200 millones de dólares iniciales a estimaciones actuales de 400 millones de dólares.
La organización sin fines de lucro National Trust for Historic Preservation (NTHP), entidad con mandato del Congreso encargada de la preservación de edificios históricos, fue la principal impulsora de la impugnación legal. Esta institución ha cuestionado los trabajos ordenados por Trump ante la justicia, alineándose con la interpretación de que las alteraciones estructurales requieren supervisión legislativa.
Contexto de remodelaciones en Washington
Este conflicto no ocurre aislado; forma parte de una serie de iniciativas ambiciosas de Trump para modificar el paisaje urbano de Washington, D.C. Entre sus otros proyectos se encuentra la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la restauración de varios parques públicos. Aunque estas acciones han enfrentado desafíos legales similares, el caso del salón de baile destaca por su escala, costo y la complejidad jurídica derivada de la interferencia con un monumento histórico federal.
Con la apelación ya anunciada, el destino final de la construcción quedará en manos de la Corte Suprema. Mientras tanto, los trabajos están detenidos, dejando la estructura inacabada y generando incertidumbre sobre la viabilidad futura de la inversión privada y la integridad histórica del inmueble presidencial.
