El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha expandido drásticamente la recolección de material genético, acumulando más de 3.3 millones de perfiles de ADN que ahora residen en bases de datos criminales federales. Según un análisis detallado publicado por el Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, esta práctica convierte la vigilancia genética en una herramienta sistemática de control social dirigida principalmente hacia las comunidades migrantes.
Crecimiento exponencial desde 2020
La transformación del programa de recolección se intensificó significativamente tras los cambios normativos implementados durante la primera administración Trump en 2020. Antes de este periodo, la adquisición anual de muestras era marginal, oscilando entre 1,000 y 2,000 perfiles por año. Sin embargo, el ritmo de recopilación experimentó un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes.
Los datos presentados en el informe titulado "Raising the Genome: How the United States Government Is Abusing Its Immigration Powers to Accuse DNA for Future Policing" muestran que, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el DHS registró 995,123 nuevos perfiles en un solo año. Esta cifra representa casi un millón de registros anuales, elevando el total acumulado en el Sistema de Identificación Criminal Integrado (CODIS), propiedad del FBI, a más de 3.3 millones de entradas.
La evolución numérica es particularmente notable al comparar los inicios del programa con su estado actual. En agosto de 2016, el índice de "Detenidos" dentro de CODIS contenía apenas 23,212 perfiles. Para diciembre de 2025, esa cifra se había disparado a 3,345,692. Este crecimiento no corresponde únicamente a individuos condenados por delitos graves, sino que incluye ampliamente a personas bajo procesos migratorios administrativos.
Incorporación a bases de datos policiales sin acusación penal
Uno de los hallazgos centrales del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown es la integración de estos datos en índices reservados tradicionalmente para delincuentes confirmados. El índice de "Detenidos", que forma parte del índice más amplio de "Delincuentes" en CODIS, refleja esta magnitud del cambio estructural.
Hasta antes de 2020, los perfiles recolectados por el DHS representaban una fracción insignificante, equivalente al 0.2% del total de la base de datos nacional. Para diciembre de 2025, dicha proporción escaló a más del 17%. Esto implica que cientos de miles de personas que no han sido acusadas ni condenadas por ningún delito penal forman parte actualmente de una base de datos utilizada por fuerzas policiales en todo el territorio estadounidense.
Esta situación plantea interrogantes fundamentales sobre la privacidad y la presunción de inocencia. Al almacenar información genética de individuos detenidos exclusivamente por violaciones administrativas de inmigración, el gobierno federal está utilizando la biometría como un instrumento de poder que trasciende el ámbito migratorio para afectar la vida civil de los afectados.
Riesgos documentados y expansión continua
El Centro de Privacidad y Tecnología ha emitido una serie de advertencias progresivas sobre esta tendencia. El informe inicial de 2024, titulado "Asalto al Genoma", expuso por primera vez cómo el abuso de facultades en materia de inmigración servía para acumular ADN con fines de vigilancia policial futura. Posteriormente, en julio de 2025, se presentó una actualización que confirmó la aceleración del programa, seguida en septiembre de 2025 por el informe temático "Infiltración del genoma", el cual alertaba específicamente sobre la incorporación de perfiles de ciudadanos estadounidenses en estas bases de datos.
La publicación más reciente, correspondiente a julio de 2026, reafirma que la práctica no ha disminuido, sino que se ha consolidado como un procedimiento estándar. Los informes subrayan que la vigilancia no se limita a migrantes indocumentados, sino que amplía su alcance hacia ciudadanos, planteando riesgos generalizados de derechos humanos.
Las proyecciones del centro indican que, si tanto el DHS como el sistema de justicia penal continúan acumulando ADN al ritmo registrado en 2025, la composición de la base de datos criminal del FBI podría transformarse radicalmente en menos de una década. La consecuencia inmediata es la normalización de la vigilancia genética poblacional, donde la identidad biológica se utiliza como marcador de sospecha preventiva contra grupos específicos, independientemente de su historial criminal real.
