La Consejera Electoral del IEEM, Mtra. Patricia Lozano Sanabria, analiza el reciente Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este documento ofrece un retrato detallado de los desafíos democráticos que enfrenta la región, tanto para las sociedades como para el Estado.
Principales retos identificados
Entre los desafíos que el PNUD señala se encuentran la calidad de la democracia, la crisis de representación política, los pendientes en desarrollo humano, la polarización, la desinformación que distorsiona la esfera pública, la presión de grupos criminales, y los retos migratorios y de desplazamiento. Sin embargo, el informe reconoce a América Latina y el Caribe como la segunda región más democrática del mundo, solo detrás de Norteamérica y Europa Occidental, ya que 4 de cada 5 personas vive en países democráticos.
Más que procedimientos electorales
La visión del informe es integral: no concibe la democracia solo como un fenómeno procedimental basado en elecciones recurrentes. Incluye el análisis del ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, procesos deliberativos, construcción de políticas de bienestar y capacidades institucionales del Estado. Una conclusión relevante es que la región enfrenta una erosión democrática gradual, no siempre por rupturas abruptas como golpes de Estado, sino por el debilitamiento paulatino de las instituciones.
Señales de alerta
El informe detalla que esta dinámica incluye el creciente cuestionamiento de los procesos electorales, el desgaste de las autoridades electorales, la concentración del poder en liderazgos personalistas, el debilitamiento de contrapesos y la difusión de narrativas polarizadas que minan la confianza en las instituciones. Este fenómeno no se limita a un espectro político-ideológico, sino que se ha generalizado.
Cooperación como solución
El PNUD plantea que ningún actor por sí solo puede ofrecer una solución integral. Se requiere cooperación entre gobiernos, instituciones, sociedad civil, academia, medios de comunicación y ciudadanía para construir acuerdos en contextos complejos. En el centro está la necesidad de preservar condiciones mínimas de competencia política, especialmente en el ámbito electoral.
Fortalecer la autonomía electoral
Fortalecer la autonomía de los organismos electorales y reconstruir la confianza ciudadana en los procesos electorales son indispensables para garantizar elecciones libres y justas. La democracia necesita árbitros imparciales con capacidad de decidir independientemente frente a poderes políticos, económicos o mediáticos. En tiempos de polarización y desinformación, proteger la integridad electoral y asegurar la alternancia pacífica en el poder es esencial para evitar el deterioro institucional.
Influencia del poder económico
El informe advierte sobre la necesidad de restringir la influencia desmedida del poder económico en la política. Cuando los recursos, lícitos o ilícitos, alteran la competencia democrática, se profundizan las desigualdades en la capacidad de influir en decisiones públicas y se debilita la representación. Por ello, defender la democracia implica garantizar que las reglas de participación no sean capturadas por intereses particulares que distorsionen la voluntad ciudadana.
