Activista enfrenta casi tres años de privación de libertad sin pruebas contundentes
La defensora de derechos humanos Xóchitl Ramírez Velasco ha pasado más de mil días bajo distintas formas de restricción de libertad, primero en prisión preventiva oficiosa y ahora en arresto domiciliario, sin que la Fiscalía de Morelos haya presentado pruebas concluyentes que la vinculen con el delito de secuestro agravado del que se le acusa.
Detención irregular y proceso prolongado
El 3 de mayo de 2023 marcó el inicio de este calvario judicial para la activista de 46 años. Mientras recogía a la hija de una compañera en la calle Nogales de Cuernavaca, agentes ministeriales la detuvieron sin mostrarle la orden de aprehensión correspondiente. "Pues te vas a subir por las buenas o por las malas", fue el ultimátum que escuchó antes de ser trasladada directamente al Centro Penitenciario de Atlacholoaya.
Xóchitl, mujer de raíces indígenas que vive con una condición médica que le provoca convulsiones, pasó más de dos años bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, encarcelada sin sentencia firme. "Es como entrar a una cueva", describió sobre su ingreso al penal, donde se enteró que la acusaban de secuestro agravado.
Evidencia que contradice las acusaciones
La Fiscalía de Morelos sostiene que Xóchitl participó en el secuestro de una mujer ocurrido el 4 de marzo de 2019. Sin embargo, su defensa ha presentado documentación contundente que demuestra que ese día, la activista se encontraba en la comunidad náhuatl de Tlamacazapa, Guerrero, realizando jornadas de trabajo con la Organización Atzin Desarrollo Comunitario A.C.
La evidencia presentada incluye:
- Documentos firmados de puño y letra que acreditan su presencia en Guerrero
- Fotografías que corroboran su participación en actividades comunitarias
- Testimonios de al menos diez personas que estuvieron con ella durante todo el día
Ximena Ugarte Trangay, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) que encabeza la defensa, señaló: "Xóchitl no tiene por qué probar su inocencia, la que tiene que probar que Xóchitl es culpable, es la Fiscalía del estado, más allá que toda duda razonable".
Irregularidades en el proceso y vínculos cuestionables
La única conexión que la Fiscalía ha establecido entre Xóchitl y el crimen se basa en descripciones generales de la víctima y en el hecho de que la activista mantuvo una relación sentimental con uno de los secuestradores entre 2011 y 2015. Además, en 2012 visitó a su expareja en el mismo penal donde ella estuvo recluida, lo que habría proporcionado su fotografía a las autoridades.
La defensa ha identificado al menos cinco irregularidades en el caso:
- Violaciones al debido proceso durante la detención
- Falta de presentación de la orden de aprehensión
- Levantamiento con una menor en brazos presente
- Ausencia de pruebas directas que la vinculen al delito
- Insistencia en mantenerla procesada pese a evidencia en contrario
Consecuencias personales y próximo desenlace
Este prolongado proceso ha tenido consecuencias devastadoras para Xóchitl. Además de perder su libertad, ha visto interrumpido su trabajo con comunidades de mujeres indígenas en Guerrero y ha estado separada de su hijo de 24 años, quien vive con una discapacidad.
Actualmente bajo prisión domiciliaria desde el 3 de julio pasado, la activista enfrenta una audiencia crucial el 4 de marzo. Tres jueces determinarán su futuro: si la sentencia es absolutoria, recuperará su libertad; si es condenatoria, podría enfrentar hasta 90 años de prisión. "Yo quiero que acepten que soy inocente, que es una injusticia", exclamó Xóchitl, quien ante la posibilidad de regresar al penal declaró: "no sé si viviría".
El caso de Xóchitl Ramírez Velasco pone en evidencia las fallas del sistema de justicia mexicano y los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos de comunidades vulnerables, particularmente cuando sus trabajos incomodan a estructuras de poder establecidas.
