Con partido callejero, colectivos exigen justicia ante crisis de desapariciones en México
En un acto cargado de simbolismo y dolor, organizaciones y activistas realizaron este jueves una "cascarita" en el corazón de la Ciudad de México, utilizando el fútbol como herramienta para visibilizar la grave crisis de desapariciones que afecta al país, donde más de 130 mil personas permanecen sin localizar.
"Cascarita por la memoria y contra el olvido" en Paseo de la Reforma
La actividad, denominada "Cascarita por la memoria y contra el olvido", se desarrolló en la Glorieta de las y los desaparecidos ubicada en Paseo de la Reforma, apenas diez días después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) emitiera un contundente informe sobre la situación en México, documento que ha sido rechazado y criticado por el gobierno federal.
"México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina", declaró con firmeza Jorge Verástegui González, abogado especialista en derechos de personas desaparecidas y sus familias. "Esta campaña es una medida de prevención y advertencia para quienes visitan el país, donde la impunidad es la norma".
Ante el Mundial 2026: una advertencia internacional
El acto se realizó a menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscando capitalizar la atención internacional que generará el evento deportivo. Los colectivos han anunciado que preparan más actividades para visibilizar su causa durante el desarrollo del torneo.
"Damos nuestro respaldo total al CED ante un sistema de justicia mexicano que llega tarde o simplemente no llega", añadió Verástegui González. "La vigilancia internacional es nuestra única garantía de verdad, denunciamos abandono institucional e intentos sistemáticos por matizar las cifras y administrar el dolor".
Las alarmantes cifras que revela el informe de la ONU
El informe del comité de Naciones Unidas presenta datos preocupantes:
- México concentra el 38% de las acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial entre 2012 y febrero de 2026
- El país acumula 819 acciones urgentes en ese periodo
- Solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas solicitudes
- Los casos han registrado un repunte significativo en los últimos meses
El documento también advierte sobre fallos graves en los sistemas de respuesta del Estado y señala al país como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada en todo el mundo.
Posturas encontradas: gobierno vs. organismos internacionales
Las diferencias entre la visión del gobierno mexicano y la de organismos internacionales son profundas:
- Naturaleza del fenómeno: Mientras el CED considera indicios de desapariciones forzadas sistemáticas con posibles características de crímenes de lesa humanidad, el gobierno rechaza esta clasificación y sostiene que no existe política estatal para desaparecer personas.
- Responsabilidad del Estado: El comité de la ONU señala posible participación directa, indirecta o por "aquiescencia" de autoridades, mientras el gobierno afirma que la mayoría de casos son responsabilidad del crimen organizado.
- Grado de la crisis: El CED advierte una crisis grave y persistente con colapso forense, mientras las autoridades reconocen el problema pero sostienen que no está rebasado y que hay avances institucionales.
Las voces de las familias: buscando empatía social
Para Héctor Flores, quien busca a su hijo Héctor Daniel desde 2021, estas acciones son cruciales. "Es importante lograr esta empatía con toda la sociedad y con motivo del Mundial conectar con las personas que desconocen el tema de los desaparecidos", expresó.
El activista adelantó que el 10 y 11 de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial, cientos de familiares de desaparecidos se congregarán en la Ciudad de México para dar a conocer sus casos personalmente. "La desaparición forzada no es un tema solo del gobierno sino de toda la sociedad", enfatizó.
Esta movilización ocurre en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum negó recientemente que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada crimen de lesa humanidad, argumentando que este tipo penal requiere "ataques sistemáticos contra la población civil" por parte del Estado, al tiempo que criticó el informe del CED por sus "debilidades" y "orientación".
