Colectivos de desaparecidos exigen diálogo con Sheinbaum ante cifras oficiales cuestionadas
Los movimientos y plataformas de familiares de personas desaparecidas en México, que agrupan a más de 200 colectivos a nivel nacional, han reiterado con urgencia su solicitud para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta exigencia surge tras manifestar una profunda preocupación por la reciente actualización de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la cual, según denuncian, privilegia la gestión administrativa sobre la cruda realidad que viven las familias en el territorio mexicano.
Las cifras que generan alarma
De acuerdo con la información presentada el pasado viernes por el Gobierno Federal, de los 132 mil 534 casos de desaparición reportados en el país, se revela que en 46 mil 742 expedientes existen datos insuficientes para iniciar o continuar con las labores de búsqueda. Además, otros 43 mil 128 casos aparecen sin registro de actividad o trámite administrativo posterior a la desaparición, lo que evidencia graves fallas en el seguimiento institucional.
Un llamado unificado por transparencia
En un comunicado difundido este sábado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Contingente contra las Desapariciones de personas LGBTTTIQ+, la Unión y Red Nacional de Búsqueda y la RIAPD exigieron de manera conjunta:
- Acceso amplio y pleno a la información para las familias afectadas
- Transparencia total sobre la metodología y seguimiento del RNPDNO y la Base Nacional de Carpetas de Investigación
- Claridad en todos los procesos relacionados con la búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas
"El Estado debe garantizar que toda persona sea buscada con debida diligencia, independientemente de su estatus administrativo o penal", enfatizaron los colectivos en su pronunciamiento.
Preocupación por decisiones tomadas sin consulta
Los grupos lamentaron profundamente que, a pesar de los discursos públicos de cercanía y apertura por parte de las autoridades, continúan observando con preocupación cómo se toman decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas. Recordaron que el año pasado impulsaron un diálogo con la Secretaría de Gobernación para establecer una agenda integral que abordara la búsqueda, investigación, identificación y restitución de sus seres queridos.
"Desde octubre de 2024 hemos solicitado formalmente una reunión con la presidenta Sheinbaum. Seguimos esperando respuesta", señalaron con evidente frustración los representantes de los colectivos.
Críticas a la metodología del registro nacional
Los familiares insistieron en que resulta particularmente preocupante que no se haya detallado públicamente la metodología utilizada para la revisión del registro nacional. Advierten que el uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar esta crisis humanitaria corre el peligro real de minimizar la dimensión verdadera del delito.
"Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora por completo la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza hacia las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar", explicaron. "El número de expedientes no equivale al número de personas desaparecidas, por lo que no debe utilizarse para minimizar la magnitud de la desaparición de personas en nuestro país".
Responsabilidad estatal en la información
Sobre los 46 mil 742 registros clasificados como "sin información suficiente", los colectivos fueron contundentes: es responsabilidad exclusiva de las autoridades asegurar que cada reporte cuente con información completa y necesaria para la búsqueda. Clasificar estos casos bajo esta categoría representa, según su perspectiva, una omisión grave de la responsabilidad del Estado en su deber de seguimiento con participación activa de las familias.
"La falta de datos en un registro es un reflejo directo de la inacción institucional, no una justificación válida para dejar de buscar", enfatizaron en el documento.
Deudas pendientes en la legislación
Finalmente, los colectivos señalaron que persisten deudas significativas en la instrumentación de la Ley General en Materia de Desaparición desde 2017, "las cuales hoy se acumulan con los pendientes derivados de la reciente reforma". Concluyeron con una advertencia clara: "La política de Estado en materia de desaparición no puede construirse desde la opacidad. ¡Sin las familias no!".
Este llamado unificado representa uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la actual administración en materia de derechos humanos y seguridad, poniendo sobre la mesa la necesidad de un diálogo genuino que priorice a las víctimas sobre la burocracia.
