México atraviesa una profunda crisis en materia de derechos humanos
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, ha emitido una contundente advertencia: México enfrenta una crisis severa en la garantía y protección de los derechos humanos fundamentales. Durante la presentación del libro "Comentarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos", coordinado por la propia ministra, se dejó en claro que la situación actual del país es alarmante, al punto de que incluso se contemplan retrocesos como la aplicación de la pena de muerte.
Tratados internacionales: compromisos ineludibles
Ortiz Ahlf fue categórica al afirmar que ningún Estado puede denunciar los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos o fronteras. "Ningún Estado puede denunciar estos acuerdos de defensa de derechos o que defienden la dignidad humana, así como tampoco los suscritos en materia de frontera", expuso la ministra. Rechazó contundentemente la idea de que un país pueda liberarse de estas obligaciones simplemente porque "ya no me parece y porque se diga ya no estoy obligado".
La justicia social como imperativo permanente
La ministra enfatizó que, ante la disyuntiva entre legalidad y justicia, debe prevalecer siempre, siempre, siempre la justicia. Los abogados y operadores jurídicos tienen la obligación fundamental de guiarse por este principio superior. Ortiz Ahlf señaló que México continúa arrastrando desigualdades estructurales, económicas y sociales que exigen respuestas jurídicas adaptadas a los contextos reales donde se ejercen los derechos.
"La justicia social exige instituciones capaces de identificar las brechas entre las personas y actuar para reducirlas", afirmó la ministra durante su intervención en el pleno de la Suprema Corte, donde presentó su ponencia junto a Víctor Manuel Miranda Leyva.
La Convención Americana: más que un catálogo de derechos
La ministra explicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es solamente un listado de garantías, sino un marco normativo integral que orienta a los Estados hacia la protección completa de la dignidad humana. Este instrumento internacional posee un carácter dinámico que le permite dialogar con las transformaciones sociales y ofrecer estándares para interpretar los derechos de manera evolutiva y contextual.
"Uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste en traducir esos estándares en decisiones jurídicas concretas", puntualizó Ortiz Ahlf. "Las personas no acuden a los tribunales buscando leyes o tratados. Acuden buscando soluciones frente a problemas que afectan su vida familiar, su trabajo, su salud o su proyecto de vida".
El derecho al cuidado: un debate urgente para México
La ministra destacó que México se encuentra actualmente en un intenso debate sobre el reconocimiento del derecho al cuidado y de las personas que dedican parte de su tiempo no solo a trabajar, sino a cuidar de otros. Esta discusión pone en evidencia las desigualdades estructurales que afectan particularmente a las mujeres.
"Pensemos, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que la carga desproporcionada de cuidados ha condicionado la autonomía económica, el acceso al empleo y la participación pública de muchas mujeres", expuso Ortiz Ahlf. "Interpretar los derechos desde la Convención Americana permite visibilizar estas asimetrías, no como hechos aislados, sino como expresiones de desigualdades estructurales que requieren respuestas jurídicas integrales".
Reconocer el derecho al cuidado implica, según la ministra, asumir la corresponsabilidad social en los cuidados y el deber del Estado de generar condiciones de igualdad sustantiva. La justicia social no se agota en proclamaciones normativas, sino que se materializa cuando la interpretación judicial incorpora los contextos reales y adopta decisiones para incidir en las condiciones que reproducen exclusión.
La legitimidad de los derechos humanos depende, en buena medida, de su capacidad para ofrecer respuestas eficaces en los espacios donde las personas enfrentan problemas concretos. "La labor judicial exige claridad metodológica, rigor argumentativo y sensibilidad frente a las realidades sociales", concluyó la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
