Organizaciones de derechos humanos cuestionan enfoque gubernamental sobre desapariciones
Tras la presentación de cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, diversas organizaciones sociales que acompañan a familiares de víctimas han expresado su profunda preocupación por lo que consideran una minimización de la responsabilidad del Estado en esta tragedia humanitaria.
Cuestionamiento a las cifras oficiales
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló en su cuenta de X que la presentación presidencial estableció como premisa inicial que no se comenten desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias, lo que minimiza la responsabilidad del Estado en contraste con lo documentado por organismos internacionales.
"Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de la crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos", afirmó la organización.
Preocupación por datos insuficientes
El Centro Prodh manifestó especial preocupación por los más de 46 mil registros clasificados como "datos insuficientes", destacando que el gobierno de Sheinbaum no ha anunciado acciones concretas para subsanar estas deficiencias o tomar medidas de localización efectivas, dejando la búsqueda principalmente en manos de las familias.
"Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias sino a las autoridades", recalcó la organización, cuestionando la afirmación presidencial de que sólo a partir de la reforma de 2025 fue obligatorio abrir carpetas de investigación.
Impunidad y obstáculos institucionales
El Centro Prodh recordó que "siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal" por desapariciones, por lo que reconocer que únicamente hay 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos sistemáticos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo donde prevalecen redes criminales que alcanzan incluso a las fiscalías.
En cuanto a las más de 200 detenciones de personas presuntamente involucradas en desapariciones mencionadas por la presidenta, la organización recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU observó una impunidad de más del 99.9% durante su visita a México, por lo que las detenciones "no son un indicador confiable de combate a la impunidad" si no se traducen en procesos judiciales sostenidos que deriven en sentencias.
Pronunciamiento conjunto de organizaciones
En un comunicado conjunto firmado por diez organizaciones civiles, se sostuvo que "reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas", estrategia que han seguido los gobiernos desde 2007 cuando se desató la crisis de violencia en el país.
Las organizaciones criticaron específicamente:
- Que se condicione el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta de investigación
- La afirmación presidencial de que "96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito" sin dar a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión
- Que desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas
Modalidades de responsabilidad estatal
Las organizaciones recordaron las diversas modalidades de responsabilidad del Estado en las desapariciones:
- Participación directa y aquiescencia: Existen casos demostrados de participación de autoridades en desapariciones y fosas clandestinas
- Omisión y corrupción: Cuando las instituciones permiten que redes criminales operen con libertad
- Impunidad como combustible: La falta de justicia permite que los casos sigan ocurriendo
"Utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad", señalaron las organizaciones, considerando que el 93% de los delitos en México no se denuncia y que el número de carpetas "no equivale al número de personas desaparecidas".
Exclusión y simulación de diálogo
Los firmantes lamentaron la persistencia de la "simulación de diálogo y exclusión sistemática", ya que la presentación se realizó "sin una convocatoria amplia, transparente y abierta" que incluyera a las familias, sus colectivos, expertos y organizaciones acompañantes.
"Escuchar menciones de colaboraciones con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación", afirmaron.
Finalmente, las organizaciones sentenciaron: "La búsqueda es una obligación del Estado, por lo tanto, debe ser una política que reconozca, nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero desconocemos".
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Data Cívica, el Centro de Justicia para la Paz y la Democracia (Cepad), Elementa Derechos Humanos, el departamento de Incidencia en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Justicia para las Personas, el Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Voces Mesoamericanas, Global Exchange y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
